El ministro Federico Sturzenegger explicó que el Decreto 747/24, recientemente firmado por el presidente Javier Milei, elimina los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, que otorgaban privilegios a Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas. Según Sturzenegger, estos decretos formaban parte de un esquema “grotesco” que “anidaba corrupción” al beneficiar a determinadas empresas y entidades públicas.
“Estos decretos obligaban a adquirir seguros exclusivamente de Nación Seguros, a comprar pasajes de Optar SA y a utilizar el Banco Nación para el pago de sueldos, además de forzar la compra de combustible de YPF sin considerar otras opciones más económicas. Esta normativa era claramente perjudicial para los recursos del Estado y fomentaba prácticas corruptas,” afirmó Sturzenegger a través de las redes sociales.
El funcionario calificó de “nefasta” la medida impulsada por Fernández, subrayando que los decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente hacia estas empresas públicas, a menudo sin la posibilidad de comparar precios o condiciones.
La derogación del DNU
La derogación del DNU se produjo en medio de investigaciones sobre un presunto entramado de corrupción que involucra al expresidente Fernández y al productor de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria de confianza, María Cantero. Se alega que Nación Seguros realizó ventas de pólizas a sobreprecio a otros organismos estatales.
El artículo 1 del Decreto 747/24 establece la derogación de los decretos mencionados, eliminando la obligatoriedad de contratar seguros provistos por el Estado. Además, el Gobierno revisará los fondos destinados a contratos y convenios actuales y anteriores para garantizar que no se hayan producido irregularidades.
Las entidades estatales tienen un plazo de 30 días para presentar documentación relacionada con estos contratos ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado. Se impondrán nuevas normas para evitar ventajas indebidas en futuras contrataciones, y cualquier acuerdo deberá someterse a un proceso de selección transparente.
El decreto también otorga un plazo de un año para que las entidades afectadas finalicen los acuerdos vigentes y convoquen nuevos procesos de licitación. Si se considera necesario prorrogar un contrato, se deberá informar a la autoridad competente.
Finalmente, la Oficina Nacional de Contrataciones será responsable de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que surjan tras la entrada en vigencia del Decreto 747/24. Esta medida también anula tres decretos promovidos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, relacionados con la administración de sueldos y contratación de servicios públicos.
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