Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEMediante una nota oficial, Seguridad apoyó la investigación en EE.UU. y ratificó la cooperación argentina ante sospechas de lavado y evasión.
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, quedó bajo la lupa de organismos estadounidenses. Tanto la Justicia de EE.UU. como el Departamento del Tesoro analizan una acusación que apunta a supuestas irregularidades económicas vinculadas a la administración de recursos.
Según consta en el caso, se habría montado una operatoria destinada a percibir, redirigir y encubrir sumas millonarias obtenidas a partir de los negocios comerciales asociados a la Selección argentina.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), y quedó a cargo del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. En las últimas horas se conoció además un dato relevante: el Estado argentino decidió sumarse formalmente, expresó su respaldo a la pesquisa y se comprometió a brindar asistencia y cooperación en el desarrollo de la investigación.
A través de una misiva oficial remitida por el Ministerio de Seguridad al fiscal Reding Quiñones, el Ejecutivo nacional manifestó “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.
El eje del expediente apunta a la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni y a su pareja, Erica Gillette, señalados como piezas clave dentro del entramado que es objeto de análisis por parte de la Justicia.
Según lo expuesto en los papeles elevados a ese despacho, se detecta un monto cercano a los 19 millones de dólares que, conforme a lo establecido, debía haber ingresado al país, pero que terminó siendo transferido a cuentas en Estados Unidos. El movimiento de esos fondos habría surgido de acuerdos comerciales firmados entre la AFA y organizaciones del exterior, detalla la carta.
El escrito, fechado el 2 de septiembre, pone el foco en la actual conducción de la casa madre del fútbol argentino, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, y cuestiona el destino final de esos recursos.
Además, subraya un punto clave que respalda y refuerza la postura adoptada por la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, agrega.
El escrito enviado por el Ministerio de Seguridad cerró con una expresión de alto peso institucional: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.
Este pasaje constituye un dato relevante, ya que ratifica el apoyo del gobierno de Javier Milei a la pesquisa sobre presuntas irregularidades en el manejo de los cuantiosos recursos de la entidad conducida por Chiqui Tapia.
La investigación tiene como base una presentación formal respaldada por contratos, documentación bancaria complementaria, decisiones administrativas internas y distintos intercambios oficiales. La denuncia fue impulsada por el abogado norteamericano Gilberto M. Garcia, quien representa al empresario argentino Guillermo Tofoni, dueño de la empresa World Eleven. Fue el propio Tofoni quien entregó el material probatorio y pidió quedar amparado bajo el sistema de resguardo para denunciantes.
Si bien el planteo menciona giros de dinero por un piso de 19 millones de dólares, los escritos elevados ante los organismos de Estados Unidos aclaran que esa cifra funciona apenas como un ejemplo dentro de un mecanismo considerablemente más extenso.
Según los acuerdos analizados y las operaciones detectadas, la facturación derivada de amistosos internacionales, acuerdos de patrocinio y derechos comerciales vinculados a la Selección argentina en los últimos años podría trepar hasta los 300 millones de dólares.
La presentación judicial ingresó en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo que funciona bajo la órbita del Departamento del Tesoro estadounidense. La instancia preliminar del caso quedó bajo la responsabilidad del fiscal Jason A. Reding Quiñones.
El documento fue confeccionado y elevado por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, quien actúa como representante legal de Guillermo Tofoni. En el planteo se pide que el denunciante sea alcanzado por los mecanismos de resguardo previstos en la normativa de Estados Unidos, destinados a proteger a quienes colaboran con información vinculada a maniobras financieras ilícitas y lavado de activos.
Guillermo Tofoni, empresario argentino con trayectoria en el ámbito del fútbol internacional, es el dueño de la firma World Eleven. De acuerdo con la causa, fue quien entregó acuerdos contractuales, respaldos bancarios y distintos papeles clave que permitieron trazar el recorrido del dinero bajo análisis.
Según su planteo, los recursos obtenidos por la AFA fuera del país debían ser girados a la Argentina, declarados y repartidos conforme al estatuto de la entidad. No obstante, esos ingresos habrían sido canalizados hacia los Estados Unidos mediante un entramado societario que, siempre según la denuncia, carecería de una explicación económica legítima.
La presentación realizada ante FinCEN y la Fiscalía Federal consta de más de veinte carillas y se apoya en anexos identificados. El texto expone con precisión cronogramas, cifras, convenios, cuentas financieras y las partes involucradas.
Dentro del material probatorio se destaca el contrato por un amistoso internacional en Beijing, firmado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd., con un pago previsto de USD 5 millones y la cesión de derechos de imagen. Esos fondos, según el acuerdo, debían ingresar a una cuenta designada por la entidad, algo que nunca ocurrió.
Otro documento relevante es el convenio de sponsoreo con Binance Investments Co. Ltd., por USD 12 millones, que terminó siendo transferido desde Binance Suisse a una cuenta en Estados Unidos, sin registros de su paso por el sistema financiero argentino.
A ese material se suman recibos de Synovus Bank, con destino a TourProdEnter LLC, firma de Erica Gillette y Javier Faroni, además de comunicaciones del banco solicitando precisiones bajo protocolos antilavado, sin constancia de respuesta.
El escrito dedica un apartado exclusivo a TourProdEnter LLC, una compañía registrada en Florida que, según la denuncia, carece de estructura operativa, personal y actividad real que justifique el manejo de sumas tan elevadas.
Aunque una disposición interna de la AFA la menciona como intermediaria comercial, los denunciantes remarcan que eso no la habilita a cobrar íntegramente los ingresos internacionales. Canalizar fondos a través de una empresa sin operación efectiva es señalado como una señal clásica de esquemas de encubrimiento y lavado de dinero.
El escrito ubica como figura central al presidente de la AFA, Claudio Tapia, al considerar inverosímil que movimientos de esa magnitud se hayan concretado sin su aval y conocimiento. Se subraya que Tapia monopoliza definiciones económicas, suscribe convenios y supervisa recursos, atribuyéndole la responsabilidad por la canalización de fondos fuera del país sin controles adecuados.
La documentación consigna USD 19 millones, pero advierte que ese monto surge de solo dos convenios. Al considerar otros acuerdos, el caudal económico bajo revisión podría alcanzar los 300 millones de dólares, con una porción significativa que no habría sido declarada.
La intervención de FinCEN se explica por el uso de bancos estadounidenses, bajo el marco de la Bank Secrecy Act, que exige reportar operaciones sospechosas. En ese contexto, se analiza la actuación de Synovus Bank.
El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una nota al fiscal Jason A. Reding Quiñones expresando apoyo total a la investigación iniciada por Gilberto M. Garcia en nombre de Guillermo Tofoni, comprometiendo cooperación plena con la Fiscalía y el Departamento del Tesoro.
El expediente continúa bajo análisis en Estados Unidos. Persisten interrogantes clave: cuánto dinero se percibió, por qué no ingresó al país y quiénes autorizaron ese recorrido financiero. La respuesta quedó ahora en manos de la Justicia estadounidense y del Departamento del Tesoro.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
video
video
