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SUSCRIBITEEl Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, exigirá a ambas entidades presentar documentación que respalde gastos e inversiones por más de USD 450 millones.
AFA.
El Gobierno nacional avanzó este miércoles con una nueva acción administrativa contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional: el Ministerio de Justicia instruyó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a intimar a ambas entidades para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros.
Según el comunicado oficial, se solicitará documentación que respalde gastos e inversiones superiores a USD 111 millones en el caso de la AFA y más de USD 340 millones por parte de la Liga Profesional.
La resolución difundida señala que la intimación busca “que AFA y Superliga respondan todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, tal como se exige a cualquier persona jurídica privada registrada ante la IGJ”. El organismo recordó que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro, por lo que debe justificar la totalidad de sus operaciones financieras.
El Gobierno remarcó que, en caso de no cumplir con los plazos o no entregar la información requerida, podrían aplicarse sanciones económicas severas, tanto a las entidades como a sus directivos.
“La igualdad ante la ley es un principio innegociable. Nadie tiene privilegios”, afirmó la IGJ en el comunicado.
La intimación se suma a la denuncia presentada días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por supuestas violaciones al Código de Ética. Allí se cuestionan contrataciones directas, vínculos societarios con proveedores y movimientos patrimoniales atribuidos a dirigentes de la AFA.
El expediente menciona la investigación que lleva adelante el juez Marcelo Aguinsky sobre Real Central SRL, una firma atribuida a presuntos testaferros de dirigentes, a la que se vinculan bienes de lujo, entre ellos una propiedad de 10 hectáreas en Villa Rosa que perteneció a Carlos Tévez y que pasó por distintas manos ligadas a la AFA.
También se señalan contrataciones directas, como la de Malte SRL por USD 550.000 para la instalación del VAR, pese a presuntos vínculos societarios con exdirectivos del organismo.
Tras la intimación, la AFA emitió un duro comunicado en el que denunció una “evidente persecución política” del Gobierno. Aseguró que funcionarios nacionales, incluida Bullrich, intentaron “obstruir” la última Asamblea de la institución e introducir cambios para avanzar en la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
“La AFA y los clubes seguirán defendiendo el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”, expresaron. También remarcaron que mientras “otros critican desde afuera”, ellos continuarán “trabajando para que el fútbol argentino siga creciendo”.
El conflicto entre la Casa Rosada y la dirigencia del fútbol suma así un nuevo capítulo, con un cruce institucional que ahora se traslada al terreno contable y financiero, y que podría derivar en sanciones si la documentación no es presentada en tiempo y forma.
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