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Clausuran un Rapipago por cobrar sobreprecios a los servicios.

Clausuran un Rapipago por cobrar sobreprecios a los servicios.

Con la flexibilización de algunas de las medidas de aislamiento social para contener al coronavirus fueron habilitadas las bocas de cobro de servicios, siempre respetando las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. Sin embargo, esta autorización derivó en que - al menos uno - de estos locales de Rapipago intentara aprovecharse de los ciudadanos y cobrar un plus ilegal por abonar servicios con tarjeta de débito.

En ese marco, personal del área de Defensa del Consumidor de la provincia clausuró este miércoles por la mañana un local de Rapipago, ubicado en la calle Necochea, entre Salta y Güemes. Según denunciaron los vecinos y confirmaron funcionarios de ese área, en el local cobraban montos adicionales e ilegales de un 10% sobre el monto de la factura por pagar con tarjeta de débito.

"Cobraban cargos por el pago de tarjeta de débito, lo cual está prohibido por ley", señaló a Canal 4 el titular de Defensa del Consumidor, Sebastián Albesa, que señaló además, que la medida preventiva será por 48 horas, de acuerdo con la ley provincial.

El funcionario indicó que a través de la plataforma Consumo Protegido y de las redes sociales han recibido denuncias como esta en toda la provincia y que, "por lo tanto, vamos a controlar a todas las bocas de cobro para proteger a los consumidores". En ese sentido, explicó que los cobros indebidos, especialmente en el marco de la cuarentena, generan un doble problema, sobre todo a partir del nuevo esquema de salidas: "El consumidor tiene restringidas las salidas a la calle, por lo tanto, cuando sale para hacer este tipo de trámites o se ve obligado a aceptar estos recargos ilegales que implican una vulneración a sus intereses económicos, o se ve obligado a caminar más lejos de lo que deberían para encontrar un lugar donde les cobren como corresponde".

Albesa detalló además que ese es el primer Rapipago que clausura porque, de acuerdo con el procedimiento legal, Defensa del Consumidor primero debe realizar un acta de constatación, con lo que se inicia el expediente administrativo. "En ese expediente se realiza una resolución, que es la que fue notificada esta mañana, y se procede a la clausura pero el expediente sigue y la empresa tiene cinco días para hacer un descargo y justificar este recargo ilegal". Según dijo, el paso siguiente será "la sanción definitiva que puede ser una multa que va desde los $100 a los $5 millones".

Además de esta medida, Defensa del Consumidor ya registró 58 faltas en los operativos de controles de precios en diferentes supermercados y minimercados de la provincia. Las multas, hasta este momento ascienden a los $4.900.000.

SEBASTIÁN ALBESA – DEFENSA AL CONSUMIDOR

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