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SUSCRIBITE Los documentos habían sido obtenidos tras una serie de allanamientos en dependencias policiales que fueron impulsados por la denuncia penal interpuesta por representantes del ejecutivo provincial ante los procedimientos irregulares que llevó a cabo parte del personal policial superior de la Unidad Regional Nº 4, de Libertador General San Martín.
Teniendo como marco los históricos juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan a cabo en Jujuy, el Gobierno de la provincia informó respecto de la colaboración que se le brindó a la Justicia Federal para el avance de las causas, específicamente mediante la obtención de documentación que se creía había sido incinerada y fue recuperada tras allanamientos que fueron impulsados tras la denuncia penal formulada por el Fiscal de Estado, Alberto Matuk y el Secretario de Gobierno, Juan Burgos, ante el Superior Tribunal de Justicia, por los supuestos delitos de daños agravados y violación a los deberes de funcionario público del personal policial que habría llevado a cabo los irregulares procedimientos.
Cabe destacar que la intervención del Poder Ejecutivo provincial se dio por pedido del Juez Federal Nº 1, doctor Mariano Cardozo, quien solicitó información sobre hechos vinculados a la existencia de actividades de inteligencia que habrían tenido lugar en el año 2005, con motivo de una marcha conmemorativa por la “Noche del Apagón” en Libertador General San Martín.
Ante el requerimiento, el Ministerio de Gobierno y Justicia, a cargo del doctor Oscar Insausti, solicitó a la Jefatura de Policía de la provincia la nómina y actuaciones del personal superior en la fecha en cuestión. Como respuesta se obtuvo que la documentación correspondiente a los períodos 1980 - 2007, habría sido incinerada por razones de salubridad e higiene.
Ante esa situación y dado lo irregular del procedimiento, el Ministerio de Gobierno y Justicia conjuntamente con Fiscalía de Estado dispusieron iniciar los sumarios administrativos pertinentes para establecer las responsabilidades y formularon la denuncia penal que fue remitida a la Fiscalía Nº 9.
Como resultado de la investigación realizada por el Poder Judicial, se secuestró documentación en diversas dependencias policiales. De ese modo, los representantes del ejecutivo provincial obtuvieron toda la documentación que fue debidamente cerrada, clasificada y entregada el 20 de septiembre pasado al Juez Federal Cardozo.
Cabe resaltar que teniendo en cuenta la importancia de los archivos recuperados tras el accionar del Gobierno de la provincia, trabajando de manera conjunta con la Justicia Federal, se informó también, al respecto de todo lo acontecido, a la Comisión Especial de Derechos Humanos de la Legislatura, para que en todos los estamentos del Estado provincial se conozca esta información, realmente significativa para la consolidación de la vida democrática y el estado de derecho en nuestro país.
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