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SUSCRIBITE El fiscal Diego Funes, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue el encargado de emitir desde el salón del Colegio de Abogados el descargo llevado a delante por parte de la entidad por “acusaciones efectuadas en distintos medios sobre el MPA en general y en particular sobre los fiscales Diego Cussel y Lello Sánchez en particular y al MPA en general”, explicaba el letrado.
El comunicado surge por la necesidad de aclarar la situación luego de que se conociera el descargo realizado por la abogada Aramayo frente al Ministerio Publico de la Acusación, lugar donde desempeñaba funciones.
El descargo realizado por la abogada manifiesta denuncias realizadas por violencia laboral, mobbing y violencia de género; por lo que desde el MPA realizaron un comunicado oficial.
“Los abajo firmantes, fiscales del Ministerio Público de la Acusación nos dirigimos a la comunidad para responder a las acusaciones efectuadas en distintos medios en contra del Ministerio Público de la Acusación en general y en particular sobre Sergio Enrique Lello Sánchez y Diego Cussel.
Una funcionaria manifestó en distintos medios haber sido víctima de violencia laboral y de género, por los cambios de lugares en los que prestaba servicios.
Los cambios de lugares a los que alude, fueron efectuados por solicitud expresa de los titulares de las fiscalías correspondientes por los motivos que obran en el legajo de dicha funcionaria y respondieron a razones estrictamente de servicio y preservación de la salud de la funcionaria.
Estos cambios fueron consentidos por esta funcionaria, pues no han sido cuestionados por las vías legales correspondientes en tiempo y forma.
La funcionaria con su proceder ha desconocido la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación, las normas legales dictadas en consecuencia, el sistema acusatorio vigente en el Código Procesar Penal de la provincia y los mecanismos institucionales.
Ha afectado con su conducta a la institución de la cual formamos parte, motivo por el cual repudiamos todas las declaraciones públicas que efectuara y manifestamos nuestra solidaridad con los magistrados atacados de forma maliciosa y falaz.
Negamos enfáticamente que en el MPA existan prácticas institucionales de violencia de género y en particular por parte de los magistrados referidos.
Desde el año 2016 el funcionamiento del MPA ha producido un salto cualitativo en el rol que les cabe a los fiscales dentro de la administración de justicia; sobre todo a lo vinculado con las permanentes capacitaciones de los operadores y especialmente en las prácticas vinculadas a cuestiones de género.
Se ha cumplido de esta manera con las prescripciones de la ley 27.499, la denominada Ley Micaela.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar y observamos con preocupación la llamativa pretensión de convertir un sumario administrativo contra una funcionaria en un motivo de gravedad y ataque institucional”.
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