El MPA presentó el informe de gestión del año 2023 en Jujuy

También afirmó que se trabajó mucho con el nuevo código, ya que el alto nivel de respuesta “en las conflictividades penales que ingresan al sistema salen con una respuesta en un alto porcentaje”.

Subrayó que el hecho de que el MPA tenga autonomía “incide favorablemente en la toma de decisiones y gestionar los intereses de las víctimas”, con lo que se destaca la plena vigencia de los derechos humanos.

Aclaró que la implementación del nuevo código Civil y Comercial “es el rol no penal del Ministerio Público de la Acusación”, indicó que está preordenado por” la defensa del interés público, la defensa de la sociedad frente a determinados conflictos, y que tienen que ver con la relación de consumo, con las acciones colectivas, con los amparos; y en el fuero de familia y en el ambiental”.

Por último, adelantó que se están trazando los “lineamientos que se van a seguir, porque a partir de febrero comenzamos con esta gestión no penal, y empezará a tener vigencia a partir del 1 de mayo”, sin embargo, precisó que “ya hemos tomado medidas, ya estamos interviniendo en ámbitos no penales con decisiones vinculadas a la defensa de la sociedad y de sus intereses.

El informe en la Legislatura de Jujuy

El informe destacó los avances significativos en el funcionamiento y la gestión institucional-presupuestaria del Ministerio Público de la Acusación durante el año pasado. Tras ocho años de existencia, se han evidenciado mejoras tangibles, impulsadas en gran medida por las recientes modificaciones normativas, entre ellas el nuevo Código Procesal Penal (Ley 6.259 y sus modificatorias) y la nueva ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Específicamente, se mencionó la reforma constitucional de junio de 2023, que ha modificado profundamente las instituciones en la provincia.

En materia penal, se observó un crecimiento en delitos como la violencia de género, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. Además, se comenzó a estandarizar la gestión del fuero narcomenudeo, enfrentando así nuevas necesidades que requirieron el diseño de estrategias para brindar respuestas rápidas y eficaces.

Se destacó la implementación de un sistema de buzones para el depósito de denuncias anónimas de delitos, especialmente en casos de narcomenudeo, ubicados estratégicamente en Centros Vecinales para facilitar la recopilación de información ciudadana.

Además, se promovieron modificaciones en las prácticas institucionales para lograr una mayor eficacia y simplificación de procedimientos, lo que se tradujo en una reconfiguración del sistema de gestión informático de causas, así como en la implementación de la ley 6.242 y sus modificatorias para subastar bienes decomisados y acceder a recursos propios.