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Como ataques personales, ambos publicaron copias de los recibos de sueldos en Facebook. Vargas Durán, quien fue comisionado hasta diciembre y actualmente es vocal, tiene un ítem remunerativo que era el sueldo básico que asciende a la suma de $2.200.
Además, el ex comisionado recibe tres conceptos considerados no remunerativos identificados como gastos de representación ($2.200), adicional por sesiones ($12.600), y decreto 2016 ($3.810), lo que totaliza en $18.610.
Por este motivo, y en una situación inentendible, termina haciendo aportes y contribuciones en función de $2.200, esto genera una retención de $242 como aporte jubilatorio y $88 para la obra social del Instituto de Seguros de Jujuy.
El caso del actual comisionado, Santiago Tizón, es de similares características, haciendo aportes por $2.500 y totalizando conceptos no remunerativos por 22.005 pesos.
Esta situación se transforma en una verdadera estafa a la caja de jubilaciones y el Instituto de Seguros de Jujuy, obra social que recibe menos de $250 por mes para dar cobertura a los funcionarios y su grupo familiar.
En la actividad privada, esta situación no soportaría una inspección de la AFIP sin recibir severas sanciones, como así también de los gremios correspondientes.
El Estado, una vez más, se transforma en el principal evasor de aportes y contribuciones patronales cuando debería predicar con el ejemplo.
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