En diciembre Manuel Vilca tuvo un accidente en Bolivia y tuvo que ser hospitalizado. Tras no recibir asistencia médica por no tener dinero, tuvo que intervenir el Gobierno de Jujuy y se reactivó el debate sobre la reciprocidad que hay en la atención sanitaria entre ambos países.

El jujeño ya se encuentra en la provincia que lo vio nacer a la espera de una intervención quirúrgica en el Hospital Pablo Soria, sin embargo esto no tranquilizó el enojo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que volvió a cargar contra el presidente del país vecino, Evo Morales, a través de una carta que difundió en sus redes sociales.

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En el escrito habló de trato "injusto y deshumanizado" para los argentinos y cerró con un contundente "gracias por nada". En medio de esta polémica, el proyecto de ley que Cambiemos presentó en el Congreso para cobrarle el acceso a la salud y la educación a los extranjeros quedó "cajoneado" en Diputados. La iniciativa del legislador radical Luis Petri había generado voces a favor y en contra en el oficialismo por lo que nunca se trató en la Comisión de Salud y no obtuvo dictamen.

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"Esperemos que pueda llegar a tratarse, yo creo que el tema tiene chances, cada día se patentiza más la necesidad de garantizar el principio de reciprocidad en los servicios de salud, cómo manera de otorgar protección a los argentinos que se encuentran en el exterior", expresó Petri.

El proyecto de Petri proponía que los extranjeros que ingresen al país de manera transitoria paguen una tasa o arancel por el servicio de salud y educación terciaria y universitaria. Este último punto es el que generó discordia en el oficialismo.

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Otro de los puntos del proyecto que generó discordia fue el cuarto. El mismo estableció que en caso de "no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país una compensación por los servicios prestados". En el oficialismo creían que la implementación de este extracto requería una mayor discusión.

Por último, la iniciativa proponía que sea el Gobierno el que fije el precio de las "tasas retributivas" para afrontar los costos de los servicios de salud.

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