Efraín Garay es el abogado defensor tanto de Pablo Tolosa, ex vocal social del IVUJ y de Marta Gutiérrez, ex Jefa del Departamento Administrativo. Ambos se encuentran detenidos por los delitos de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.
En cuanto a los avances en la investigación, Garay explicó que, si bien está siendo un poco lenta por los trámites y tiempos procesales que prevé el código, va encaminada. Marta Gutiérrez está alojada en la Comisaría de la Mujer y Pablo Tolosa en la Seccional N°5 del B° Ciudad de Nieva.
Según el abogado defensor, la causal de la detención fue una mala interpretación que hubo en cuanto al peligro que podrían significar sus dos clientes en el accionar de la investigación. “Se ordenó un allanamiento para recabar documentación probatoria y los detuvieron supuestamente para que no alteren el accionar de la Justicia”.
Para Garay, esto no es así “porque yo antes los asesoraba a ellos y siempre les sugerí la mayor colaboración en este caso, porque de acuerdo a lo que yo conversé con ellos, no había merito suficiente como para detenerlos, pero la fiscal y el Juez ordenaron eso y lo tenemos que res poetar”, aclaró. Además informó que la documentación secuestrada no tendría nada que ver con la investigación.
En cuanto al expediente Garay recordó que hay muchos imputados entre ellos Milagro Sala, la diputada Mabel Balconte, entre otros que ya son de público conocimiento. Y que tanto Pablo Tolosa como Marta Gutiérrez están imputados por defraudación al Estado principalmente.
“Ellos estaban detenidos y debido al tiempo de detención, yo les solicité al Juez que los cite para hacer un conocimiento de causa de acuerdo a la imputación de los mismos, la identificación para ver si corresponde a dicha persona y la designación de un abogado defensor”, explicó.
El martes pasado se fijó la audiencia de declaración indagatoria y como él no tuvo acceso al expediente en su totalidad, decidió como estrategia de defensa que se abstengan a declarar y pidió el cese de detención. Eso se trasladó hacia el Juez, el cual tiene un plazo de 5 días hábiles para cada uno y puede hacer lugar o no al pedido.
“Me informaron que se presentó el Estado provincial como querellante en la causa, también me dijeron que hubo una ampliación de la denuncia aunque aún no me notificaron”, dijo Garay.
Por último su abogado defensor aseguró que ellos están seguros de que no tienen nada que ver en este caso y que sólo son trámites administrativos que no han sido correctamente realizados.
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