Once de las 24 jurisdicciones argentinas adhieren al protocolo Nacional o tienen sus propias normas para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Una de esas es Jujuy, que se sumó a la adhesión en 2012 y que no necesita otros procedimientos extras cuando existen actualizaciones o cambios. Es decir que está adherida automáticamente al protocolo que comenzó a regir hoy.

Las once provincias que adhirieron al protocolo en cuestión, actualizado a partir de hoy a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial, son: Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. San Luis adhirió en octubre de 2018 pero no se encontró aún la resolución oficial.

Otras seis provincias dictaron protocolos especiales propios que incluyen requisitos específicos para el acceso a servicios de aborto seguro y son Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, según detalla en un informe la organización Economía Feminista.

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Las otras siete provincias no cuentan con normas locales propias ni adhieren al protocolo elaborado por Nación. Ellas son Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca. "Las jurisdicciones que ya adherían al protocolo Nacional o tenían una norma local no necesitan volver a ratificarlo, pero sí se espera que todas adhieran", señaló hoy Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

El Protocolo ILE establece un marco de acción normativo pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso debido a que todas las jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "FAL" de 2012, el aborto es legal si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante o si es producto de una violación.

El mismo fallo exhorta a los Estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.

El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) fue publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación para estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho y se establecen los lineamientos para acceder a la ILE.

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