Los dos jueces de primera instancia Pablo Pullén Llermanos y Gastón Mercau deben enviar hoy un informe a la CIDH para comunicar cómo avanza el proceso de definición respecto al pedido de prisión domiciliaria para Milagro Sala.

“La CIDH dictó una cautelar donde los plazos juegan solo para informarles sobre qué se está haciendo, los jueces de control que dictaron la prisión preventiva tienen la libertad para decidir si la acatan o no”, dijo Clara Falcone, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia.

Mientras tanto, siguen las distintas interpretaciones respecto al pedido de la CIDH. Por un lado, los abogados de Milagro Sala insisten que la dirigente debería quedar libre el 11 de agosto, ya que entienden que es el plazo que dispuso el organismo internacional el 28 de julio y al que debe acatar las justicia de la provincia. Sin embargo, en contraposición, Falcone asegura que la cautelar de la CIDH no es vinculante, aunque sí tiene carácter constitucional: “Los plazos no son perentorios. La CIDH dictó una cautelar donde los plazos juegan sólo para informarles sobre qué se está haciendo, los jueces de control que dictaron la prisión preventiva tienen la libertad para decidir si la acatan o no”.

La presidenta del STJ también aclaró que, en caso de darle la domiciliaria a Sala, "no hay libertad, hay cambio de lugar en cuanto a la prisión".

 

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