Lello Sánchez reiteró que no coincide con la decisión del juez de otorgarle el beneficio a la líder social y aseguró que debería seguir en el establecimiento penitenciario. Sobre la recomendación de la CIDH, dijo que “para mí no es obligatoria”.
El fiscal General negó que Sala corra riesgo: “Cuando recibimos la recomendación del Poder Ejecutivo, se envió médicos para constatar la salud de Sala”, dijo y calificó el estado de detencion de “normal y sin ninguna afectación”.
Sala había denunciado hostigamiento y maltrato del personal penitenciario, y por eso se abrió una causa de oficio: “Se terminó con la desestimación de la denuncia porque no se pudo acreditar nada de lo que dijo Sala”, contó Lello Sánchez y adelantó que el informe sobre el estado de la dirigente se remitió a la Corte.
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“Entiendo que la prisión preventiva está en debate en la Corte Suprema y nada se podía resolver al respecto”, dijo y dejó librado a la decisión del máximo tribunal nacional ese recurso.
El responsable del Ministerio Publico de la Acusación anticipó que el próximo mes se fijaría una audiencia por la causa que tiene Sala por amenazas en una comisaría de Alto Comedero: “En septiembre esa causa tendría audiencia de debate. Si eso ocurre y es condenada, entiendo que la condena de ejecución condicional en el ámbito Federal se coinvertiría es efectiva”, dijo.
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