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SUSCRIBITE El 2 de abril de 2017, Leandro Rodríguez Lastra estaba de guardia en el servicio de tocoginecología del Hospital Pedro Moguillansky de Cipoletti. Una chica de 19 años llegó en ambulancia derivada de un centro de menos complejidad. Tenía 39 grados de fiebre, estaba con suero y medicada. Cursaba un embarazo de 22 semanas (cinco meses).
Según publicaron distintos medios, la chica había intentado provocarse un aborto con nueve pastillas de misoprostol que le había dado una ONG. Pero el aborto no se produjo: no tenía sangrado vaginal, contracciones ni dilatación cervical. Y el bebé estaba vivo.
“No estaba bien de salud, necesitaba un tratamiento, es el que yo abordo, y como resultado, después de la guardia estaba mejorando su cuadro y el embarazo continuaba. Al día siguiente la paciente manifestaba su intención de interrumpir su embarazo”, cuenta el médico en una entrevista con TodoJujuy.com
"La situación generó un conflicto porque era un embarazo avanzado y decidimos con todo el servicio tomar las cosas con precaución". Cuando la chica estuvo fuera de riesgo, el equipo de médico, la Dirección del Hospital y el Ministerio de Salud de Río Negro analizaron la situación. Médicamente no había un aborto en curso y tampoco se podía hacer en ese momento por el proceso infeccioso. Detalla Infobae que, durante el juicio el perito médico Ernesto Beruti, confirmó que, de haberlo hecho, las probabilidades de muerte por shock séptico serían del 70 al 80%. “Todos se expidieron en el sentido de que lo más conveniente era que la paciente llegue a un embarazo viable, es decir, con un niño pueda vivir afuera de la panza, independientemente de no llegar a término”, explica Rodríguez Lastra.
El hospital le propuso a la chica llevar el embarazo hasta la semana 35 y realizar una cesárea luego. La joven aceptó y unas semanas después el niño nació sano. Fue adoptado y hoy tiene dos años.
Rodríguez Lastra relata que esta situación “ocasionó que una diputada de la provincia de Río Negro (Marta Milesi) impulsora de la ley que favorece el aborto se viese afectada y, usándome a mí como el primero que recibe a la paciente apuntó todos los cañones con una denuncia que se hizo lugar en la Justicia. Esto llegó a un juicio donde el juez determinó mi incumplimiento en los deberes de funcionario público porque consideró que debió haberse realizado esta interrupción del embarazo”.
De acuerdo con el médico, “el juez desoyó los argumentos de la defensa y de los médicos de que ni siquiera estaban dadas las condiciones desde el punto de vista, legal, biológico y gestacional para llevar adelante la interrupción del embarazo. Era poner en peligro a la paciente. Pero hicieron esta lectura y consideraron que soy culpable”. Con respecto al fallo, dijo que “el centro de atención no es la salud de la paciente ni mucho menos sino que la discusión gira en torno a su decisión y no a su estado de salud física y psicológica”.
Además, con respecto a la sentencia, agregó que :“Cuando hay ideología atrás de la justicia no hay justicia. Queremos que se analicen los hechos de una manera objetiva. A la luz de lo que se ha demostrado en las sucesivas audiencias, la paciente no podía ser sometida a un procedimiento que ponía en riesgo su salud”.
Finalmente, consideró que su caso “ha intentado meter leyes que han sido rechazadas por la sociedad creo que lo que se busca es aleccionar y establecer un precedente para que no se incumplan estas imposiciones”.
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