El juez Ercolini le inhibió los bienes y la citó para el día 20 de octubre conjuntamente con 16 funcionarios más, entre ellos Julio De Vido y José López. La acusa de conformar una asociación ilícita para defraudar al Estado con la obra pública. Se investigan 49 obras entre el año 2003 y 2015 que favorecieron y enriquecieron a Lázaro Báez, constituyendo una organización para defraudar al Estado.
En paralelo a esta causa se continúa la de Hotesur y Los Sauces, que constituirían la forma en la que Lázaro Báez pagaba estos favores a la familia Kirchner. Estas tres causas que en su conjunto complican muchísimo la situación procesal de Cristina Fernández están avanzando a un paso mucho más acelerado del que estamos acostumbrados en nuestra justicia.
Si se comprobara la asociación ilícita, la situación judicial sería muy complicada para la ex presidenta porque se trata de un delito cuya pena mínima es de 4 años por lo que no es excarcelable.
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