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24 de septiembre de 2018 - 19:28
Más demoras en el juicio

Suspendieron la audiencia de Pibes Villeros, esta vez por el paro general

El Tribunal Oral N°3 determinó la reprogramación de la audiencia del martes 25 de septiembre puesto que por el paro que fue convocado a nivel país por la CGT se complicará la llegada de abogados, administrativos, imputados y testigos.

Así se dio a conocer esta tarde por parte del Poder Judicial, la audiencia fue suspendida y oportunamente se reprogramará la fecha. Este imponderable genera una demora más, las audiencias debían concluir los primeros días de septiembre según la primera programación.

Las audiencias se reanudarán el miércoles 26 de septiembre a las 14.30 y están convocados seis testigos para declarar.

¿El motivo? El paro, y la posible dificultad de transporte para algunos imputados que están en libertad y los testigos.

La causa "Pibes Villeros" comenzó el martes 24 de julio. Tiene 31 imputados, entre ellos Milagro Sala, y se los investiga por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.

De los juicios más accidentados por descompensaciones de los imputados, rebeldías, y ahora un paro están extendiendo los días de audiencia, que arrancó con 20 programadas a 22 realizadas y varias pendientes aún.

Son 100 los testigos que forman parte de la causa y 31 personas acusadas, con 29 abogados defensores.

Teniendo en cuenta la cantidad de acusados, se espera que haya más de 20 alegatos, lo que llevaría varias audiencias más. De allí el Tribunal determinará cuando lee la parte dispositiva, resolviendo si condena o no los involucrados. Durante otra jornada se darán a conocer los fundamentos del fallo.

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La causa cuenta con 98 expedientes, alrededor de 17 mil fojas y reúne tres causas originales en las que 31 personas son investigadas entre las que figuran otros dirigentes de la Tupac, exfuncionarios provinciales y municipales por una presunta defraudación al Estado por 60 millones de pesos, de los cuales 29 millones habrían sido cobrados por las cooperativas para obras de un plan de vivienda, “Vivir Mejor II”, que, según las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, “no fueron ejecutadas”.

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