El 2 de agosto de 2002 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley N° 25.635 que establece que las empresas de transporte de colectivo terrestre deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad entre el domicilio y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o cualquier otra índole que tiendan a favorecer su integración.

La misma fue promulgada el 26 de agosto de ese mismo año y cada provincia tuvo que adherir para implementarla en sus territorios pero Jujuy no fue el caso. Se trata de un debate pendiente hace casi 17 años.

Esta medida complica no sólo a personas con discapacidad sino también a sus familiares y los empresarios que los contratan para trabajar en distintas empresas.

Tal es el caso de Luciana Vilte, propietaria de un hotel en Purmamarca que contrató a una persona con una discapacidad motriz que vive en San Salvador de Jujuy.

“Hace más de 15 años que trabajo con el turismo sustentable y uno de sus planteos es que las personas con discapacidad tienen que tener una vida totalmente integrada tanto en nuestras empresas como en la sociedad en general, por lo que nos informamos mucho al respecto”, destacó en diálogo con TodoJujuy.com.

Por este motivo, el año pasado decidió incorporar una o dos personas con discapacidad pero se toparon con un gran inconveniente. “La persona tiene que llegar todos los días a trabajar y cuenta con un derecho al transporte gratuito pero se ve restringido en poder usarlo porque pasaron muchos años y la provincia no adhirió a la Ley”, indicó.

“Hoy en día nuestro empleado tiene que pagar $280 ida y vuelta hasta Purmamarca y mucha gente piensa ¿Por qué no busca un trabajo en San Salvador de Jujuy?, sería lo ideal pero no hay muchos puestos de trabajo para incluir a personas con discapacidad y el tuvo esta posibilidad”, explicó la empresaria y destacó que el currículum fue aportado por el Ministerio de Salud y el hombre encajó justo con el puesto que teníamos.

“La empresa está absorbiendo los gastos y presentamos un amparo judicial que fue rechazado”, indicó Luciana Vilte y destacó que hoy en día la provincia está regida por un decreto del 2000 (anterior a la ley nacional), que limitaba el transporte sólo a las personas que se iban a rehabilitar.

Cabe destacar que en varias ocasiones se realizaron presentaciones en la Legislatura para que la provincia adhiera a la ley nacional pero en ningún momento ésto llegó a tratarse.

“Creo que estas cosas van a cambiar, hablé con la Ministra de Desarrollo Humano y aceptó que se trata de una falencia pero tengo su compromiso de analizar el caso”, finalizó.

DECRETO VIGENTE EN LA PROVINCIA

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PROYECTO DE ADHESIÓN PRESENTADO EN LA LEGISLATURA QUE NUNCA SE TRATÓ

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