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SUSCRIBITEEl máximo tribunal definió dónde continuarán dos investigaciones y confirmó que la AFA seguirá bajo la fiscalización de la IGJ.
AFA.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó este jueves una serie de decisiones en tres expedientes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los fallos fueron firmados por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Las resoluciones alcanzan a dos investigaciones penales relacionadas con presuntas irregularidades en los balances de la entidad y a un expediente referido al organismo que debe ejercer su fiscalización.
En una de las causas, iniciada a partir de una denuncia de Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes, se investiga una presunta omisión de ingresos en los balances de la asociación.
Según la denuncia, se trataría de aproximadamente USD 300 millones generados a partir del contrato celebrado con Tourprodenter LLC como agente comercial exclusivo de la AFA.
El expediente había generado un conflicto de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°8. La Corte resolvió que la investigación continúe en el fuero nacional ordinario de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro expediente también involucra a autoridades de la AFA y analiza un supuesto desvío de esos ingresos mediante transferencias que, según la denuncia, no tendrían justificación.
En este caso también existió una discusión sobre qué tribunal debía intervenir, luego de que el Juzgado Federal de Campana solicitara la causa por una posible relación con otra investigación. La Corte dejó sin efecto esa intervención y dispuso que el expediente regrese al fuero ordinario porteño.
La tercera decisión está relacionada con la Inspección General de Justicia (IGJ). La Corte revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y determinó que el organismo mantiene sus facultades de fiscalización sobre la AFA.
El conflicto se originó a partir de la reforma del estatuto de la asociación y de su intención de trasladar su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la provincia de Buenos Aires.
La IGJ había rechazado la cancelación de la inscripción de la AFA en su registro, decisión que posteriormente fue anulada por la Cámara Civil. El caso llegó entonces a la Corte Suprema.
El máximo tribunal estableció que, para concretar el cambio de domicilio, primero debe completarse la cancelación registral ante el organismo que actualmente controla a la entidad. Hasta que ese procedimiento concluya, la AFA continuará bajo la fiscalización de la IGJ.
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