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30 de junio de 2025 - 09:31
Fuerzas Armadas.

Los cambios en las funciones de Gendarmería, Prefectura y la PSA impulsados por el Gobierno

Se actualizarán las leyes orgánicas de cada fuerza para definir sus funciones y evitar solapamientos en operativos conjuntos. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy

En el marco de una reestructuración de las fuerzas federales impulsada por el Ejecutivo, alineada con las reformas aplicadas en la Policía Federal Argentina, el Gobierno procederá a modificar por decreto las funciones de Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Desde Nación adelantaron que la normativa será publicada en el boletín oficial en los próximos días. El decreto incluye ajustes en las leyes orgánicas que rigen a cada cuerpo (21.521, 19.349 y 18.398) con el objetivo de definir claramente las áreas de actuación y responsabilidades exclusivas, buscando evitar solapamientos en operativos conjuntos, especialmente en la gestión y control de manifestaciones frente al Congreso.

El Gobierno reformará por decreto Gendarmería, Prefectura y la PSA con cambios en sus funciones.

Redefinición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)

Por ello, el Ministerio de Seguridad redefinirá la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) como una fuerza dedicada exclusivamente a la seguridad de la infraestructura vinculada al transporte ferroviario, terrestre y aéreo. La intención es que mantenga sus capacidades investigativas y amplíe su plantilla, evitando así que la Policía Federal tenga que desplegar personal en los aeropuertos.

De igual manera, Prefectura seguirá siendo responsable de la protección en mares, ríos, canales y demás vías navegables del país, así como de las costas y puertos bajo jurisdicción nacional. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, busca reorganizar tanto la estructura como el número de efectivos en cada cuerpo, además de reformar el proceso de incorporación de nuevos agentes.

El Gobierno basa la reforma de las fuerzas de seguridad en el modelo de los Estados Unidos.

La Gendarmería Nacional tiene asignadas responsabilidades específicas, entre las que se incluyen el control de las fronteras, la protección de instalaciones estratégicas y la prevención y combate del contrabando, el ingreso ilegal de personas y las violaciones a normas sanitarias. También está encargada de intervenir en “reprimir la alteración del orden público cuya magnitud sobrepase las posibilidades de control de las fuerzas policiales, o cuando adquiera las características de guerrilla, en cualesquiera de sus formas”.

Inspiración en modelos internacionales de seguridad

El Ejecutivo fundamenta la reestructuración de las fuerzas de seguridad tomando como referencia el modelo estadounidense, donde cada organismo posee funciones específicas, capacidades propias y una clara delimitación en sus áreas de operación. Desde Nación señalan como ejemplo a la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG) de Estados Unidos.

El Gobierno lanzará un decreto para impulsar cambios en las funciones de la Gendarmería.

“La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, explican fuentes oficiales. Además, el Gobierno ya convirtió a la Policía Federal Argentina en una fuerza investigativa similar al FBI estadounidense, creando el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y otorgándole nuevas facultades, como la posibilidad de detener personas hasta por diez horas sin orden judicial cuando existan indicios de un delito.

Cambiarán las leyes orgánicas de cada fuerza para delimitar las zonas y misiones exclusivas.

Plazos y decisiones desde Casa Rosada para la reforma

Desde la Casa Rosada pretenden agilizar esta propuesta dado que las facultades delegadas, que les habilitan a modificar, suprimir o unificar entidades, ministerios, secretarías, agencias y dependencias del Estado, expirarán el próximo 8 de julio. En Balcarce 50 admiten que no buscarán prorrogar estas atribuciones mediante el Congreso ni a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), opción que evaluaron previamente.

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