Mauro Icardi apuntó contra el operativo policial en su casa tras la denuncia de Wanda Nara

También aclararon que la mención posterior a un problema en la rodilla hace referencia a una dolencia anterior, cuya existencia ya era conocida públicamente.

Por otra parte, los representantes legales afirmaron que, a medida que avance la investigación y se analicen las pruebas reunidas, quedará en evidencia el escenario en el que tuvo lugar el conflicto, una situación que, según indicaron, responde a una dinámica que ya se habría repetido anteriormente.

Para finalizar, expresaron su malestar porque, una vez más, las menores quedan involucradas y expuestas en medio de un enfrentamiento entre personas adultas.

En relación con las versiones que hablaban de una posible detención, la defensa del futbolista desmintió esa información y aseguró que no se ajusta a la realidad. En ese sentido, explicó que el Juzgado de Garantías que interviene en la causa le otorgó a Icardi el beneficio de eximición de prisión, por lo que no hay ninguna disposición judicial que ordene su arresto.

Finalmente, los abogados también hicieron referencia al procedimiento policial que trascendió públicamente y ratificaron que el allanamiento se realizó este domingo en la propiedad que el delantero tiene en Nordelta.

"Es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron, bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”, criticaron.

Críticas al operativo

No obstante, los letrados cuestionaron el operativo y consideraron que la decisión estuvo más orientada a generar impacto público que a conseguir resultados concretos.

En esa línea, manifestaron su indignación por la rapidez con la que se actuó en este caso debido a la notoriedad de sus involucrados y contrastaron esa situación con la realidad de muchas otras personas que atraviesan circunstancias mucho más dolorosas y deben recorrer distintas dependencias sin obtener respuestas, hasta que sus expedientes terminan sin avances.

Por último, la defensa sostuvo que tampoco existían motivos para suponer que podía desaparecer información relevante, ya que las herramientas de informática forense disponibles en la actualidad permiten restablecer archivos y contenidos que fueron eliminados.

En el cierre de su comunicado, los abogados manifestaron su voluntad de que la causa continúe avanzando: “Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba”.

“Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas”, concluyeron.