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SUSCRIBITEUn operativo con 2.500 agentes, helicópteros y blindados buscó detener a jefes criminales en Alemão y Penha. Dejó cuatro policías muertos y decenas de arrestos.
Al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho.
Al menos 60 muertos en operativos policiales contra Comando Vermelho.
Río de Janeiro despertó este martes en medio de un violento ataque. Desde muy temprano, helicópteros, vehículos blindados y drones policiales ingresaron a los complejos de Alemão y Penha, dos de las favelas más extensas del norte de la ciudad, en un operativo contra el Comando Vermelho, una de las bandas delictivas más influyentes de Brasil.
El saldo al finalizar el día fue devastador: 64 personas fallecidas, entre ellas cuatro policías, y más de 80 arrestos. La intervención comenzó antes del amanecer con controles vehiculares en las rutas que circundan los complejos y el bloqueo de arterias principales.
Desde la noche previa, helicópteros patrullaban el cielo, mientras los tanques policiales avanzaban derribando barricadas de neumáticos ardiendo. Los drones registraron movimientos y orientaron el despliegue de 2.500 efectivos por los laberínticos pasillos de las favelas.
Las fuerzas de seguridad confiscaron 42 armas largas y arrestaron a 81 individuos. En el operativo participaron más de treinta vehículos blindados, dos helicópteros, drones de vigilancia y ataque, y diez máquinas de demolición utilizadas para despejar los accesos bloqueados.
El blanco principal del operativo era Edgar Alves de Andrade, conocido como “Doca” o “Urso”, identificado por la Fiscalía como uno de los líderes del Comando Vermelho en el conglomerado de favelas de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, Doca cuenta con más de cien expedientes judiciales por asesinato, narcotráfico, torturas y asociación ilícita. Las autoridades lo asocian con el control del tráfico de drogas en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, además de su participación en ataques contra sedes policiales en 2025. Se mantiene una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que permita su captura.
El Comando Vermelho surgió en 1979 dentro de una prisión de Río de Janeiro y con el tiempo se consolidó como una organización criminal de alcance nacional, considerada una de las más poderosas de Brasil. Funciona mediante una estructura dispersa, con líderes encarcelados, jefes operativos en las favelas, vendedores armados en los puntos de distribución y una red financiera destinada al lavado de dinero. Su influencia se apoya tanto en el negocio del narcotráfico como en el dominio territorial de comunidades donde el Estado ha estado ausente durante décadas.
De acuerdo con la Fiscalía especializada en crimen organizado, los complejos de Penha y Alemão representan una zona clave para el tránsito de drogas y armas debido a su proximidad con autopistas y rutas logísticas que conectan distintos sectores de la ciudad. El gobernador Cláudio Castro describió la operación como una “guerra abierta” y sostuvo que Río enfrenta el conflicto prácticamente sin apoyo externo. Además, advirtió que los narcotraficantes obtienen armamento de redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron en tres ocasiones su solicitud de colaboración con vehículos blindados.
Los barrios del norte de Río de Janeiro fueron escenario de una jornada que recordó a una zona de guerra: disparos continuos, granadas arrojadas desde drones, buses desviados y más de 200.000 residentes afectados por la suspensión de servicios esenciales. Las clases se cancelaron en 45 escuelas y doce líneas de colectivos modificaron sus recorridos. Para quienes viven en Alemão y Penha, el día transcurrió entre temor, tensión y parálisis, con locales cerrados, transporte detenido y aulas vacías.
En medio de este panorama de caos, reaparece un viejo dilema que acompaña las intervenciones policiales en las favelas: la delgada línea entre combatir al crimen y violar derechos civiles. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradamente los excesos en este tipo de operativos. En septiembre de 2025, Human Rights Watch advirtió que una ley aprobada en Río podría premiar económicamente a policías por disparar contra sospechosos, lo que —según la entidad— fomentaría el uso letal de la fuerza en lugar de las detenciones.
Un informe de Human Rights Watch de 2009 ya advertía que gran parte de las muertes atribuidas a enfrentamientos policiales no correspondían a choques reales, sino a ejecuciones extrajudiciales, en las que agentes alteraban las escenas del crimen para encubrir su participación. La impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en Río siguen siendo un problema estructural profundamente arraigado.
Tampoco se trata de un hecho aislado. En mayo de 2022, una redada en la favela de Vila Cruzeiro —ubicada en el mismo sector que Penha y Alemão— terminó con al menos 23 personas muertas y acusaciones de que civiles quedaron atrapados en medio del tiroteo.
El éxito de la operación dependerá de la capacidad del Estado para ir más allá de la captura de líderes criminales o la incautación de armamento. Será crucial que logre disminuir la violencia remanente, promover investigaciones imparciales sobre las muertes y reconstruir el entramado social en los territorios históricamente marginados. De no hacerlo, el control obtenido será efímero y el ciclo de violencia volverá a repetirse.
Durante 2024, unas 700 personas perdieron la vida en acciones policiales en Río, lo que equivale a casi dos muertes diarias. Este martes añadió 64 víctimas más a ese recuento. La operación sigue activa y su resultado definitivo aún no ha sido determinado.
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