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SUSCRIBITEDelcy Rodríguez envió un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por razones políticas y confirmó el cierre del Helicoide.
Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes el impulso de una ley de amnistía general destinada a presos políticos y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que trate y apruebe la iniciativa “para favorecer la convivencia” en el país.
El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se desarrolló a puertas cerradas y sin acceso a la prensa.
“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, expresó Rodríguez. Además, pidió que “nadie imponga la violencia o la venganza” y convocó a vivir “con respeto”.
La funcionaria aseguró que la decisión fue consensuada previamente con Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, fecha en la que —según sostuvo— fue capturado por fuerzas militares estadounidenses.
Rodríguez adelantó que la amnistía excluiría delitos graves como homicidio, narcotráfico y causas comunes, y que podría aprobarse durante la primera semana de febrero.
Durante el mismo acto, la líder chavista confirmó que El Helicoide, sede histórica del servicio de inteligencia y símbolo de la represión estatal, dejará de funcionar como centro de detención. Según explicó, el edificio será transformado en un espacio de servicios sociales y actividades deportivas.
El anuncio generó impacto inmediato, ya que ese lugar fue señalado durante años por organismos internacionales de derechos humanos como escenario de detenciones arbitrarias y malos tratos.
La iniciativa se produce en medio de presiones externas, especialmente del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump condicionó avances en la relación bilateral a la liberación de presos políticos y afirmó tener “control total” sobre las operaciones petroleras venezolanas.
En ese marco, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reconoció ante el Senado avances en las excarcelaciones, aunque consideró que el proceso avanza más lento de lo esperado.
Desde el 8 de enero se registran liberaciones parciales anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Sin embargo, las cifras difieren según la fuente: mientras el Gobierno habla de más de 800 excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos contabilizan poco más de 300.
En muchos casos, las personas liberadas continúan bajo restricciones judiciales, como prohibiciones de declarar a la prensa o utilizar redes sociales.
ONG como Foro Penal advierten que, desde 2014, se registraron más de 18.000 detenciones por motivos políticos y que aún miles de personas siguen sometidas a medidas restrictivas, lo que genera dudas sobre el impacto real de la amnistía anunciada.
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