Nicolás Maduro enfrenta a la justicia en Nueva York y busca frenar su juicio

-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación.

Ilustración de Nicolás Maduro cuando compareció ante la Corte de New York.

Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:

“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).

Donald Trump, flanqueado por su gabinete, anuncia la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Limitaciones legales y recursos disponibles

La contraposición a las ideas expuestas por Pollack resulta directa y sin complicaciones. Los recursos financieros de Venezuela destinados a costear la defensa judicial de un gobernante o exgobernante no corresponden en el caso de Maduro y su esposa.

No ejercen funciones legales, y está comprobado que habitaban el Palacio de Miraflores a raíz del fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones presidenciales.

Además, tanto Maduro como Flores de Maduro deben demostrar que no cuentan con recursos personales —su supuesta riqueza no está cuantificada—, y la Sexta Enmienda asegura el derecho a un abogado que no tiene por qué pagarse con activos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha congelado por orden del Departamento del Tesoro.

La corte federal en Nueva York tiene la facultad de designar un defensor público que domine las reglas del proceso penal y pueda ofrecer la representación legal que la Constitución de los Estados Unidos garantiza.

Alvin Hellerstein, el juez que está a cargo del proceso contra Nicolás Maduro.

En cuanto a la Quinta Enmienda, el equipo de defensa de Maduro no menciona la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma que concede a la administración estadounidense una amplia potestad reguladora sobre transacciones financieras con gobiernos extranjeros por motivos de seguridad nacional.

Desde ese ángulo, aunque el régimen venezolano manifestó su intención de sufragar los honorarios del exmandatario, el presidente Donald Trump confirmó que no se permitirán recursos venezolanos para costear a los abogados del acusado en el caso de narcoterrorismo.

Nicolás Maduro enfrenta cargos penales por supuestos delitos de narcoterrorismo, y en ese marco agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) elaboraron un documento en el que se detallan presuntas conexiones entre el exlíder venezolano y autoridades iraníes.

Maduro

Evidencia sobre vínculos internacionales y actividades ilícitas

La prensa obtuvo acceso a ese expediente de 28 páginas, en el cual se sostiene lo siguiente:

• " La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra al Fondo Conjunto China-Venezuela, el FONDEN, fondos bilaterales, cuentas de fideicomiso y bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong".
• “Esta red canaliza recursos significativos a empresas estatales iraníes clave en los sectores de energía, construcción naval y de doble uso, manteniendo así la resiliencia económica del régimen y financiando actividades hostiles en todo el Medio Oriente y las Américas”.
• “Simultáneamente, la asociación se extiende a los dominios militar y nuclear: Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea encubiertamente uranio de la Cuenca de Roraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear (equipos CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada) a través de la triangulación con Argentina (2006-2014), apoyando directamente el programa nuclear sancionado de Irán y alterando el equilibrio estratégico global”.

Estados Unidos presentó cargos contra Nicolás Maduro y su esposa.

• “Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas designadas por los EE. UU., como Hezbollah y Hamas, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región”.
• “Estas redes se conectan con la Triple Frontera, estructuras criminales colombianas y ecuatorianas, remanentes de las FARC y carteles mexicanos, formando un ecosistema híbrido de crimen transnacional y terrorismo alineado con los intereses iraníes”.
• “La alianza, por lo tanto, no es mera cooperación diplomática o económica, sino una plataforma multifacética para la proyección del poder iraní que socava las sanciones, fortalece a un estado hostil y amplifica a los actores violentos no estatales”.

Si no surge ningún imprevisto en el terreno jurídico, el magistrado Alvin Hellerstein tomará hoy una decisión sobre la moción presentada por el abogado de Maduro, así como sobre otra iniciativa de los fiscales federales que buscan impedir que la evidencia recopilada en contra del exlíder sea accedida por los demás acusados del proceso.

NICOLAS MADURO DETENIDO

Imputados y posibles implicaciones de la moción de Pollack

Además de Maduro y su pareja, Cilia Flores, están formalmente acusados en la misma causa Diosdado Cabello —quien figura como ministro del Interior venezolano—, Ramón Rodríguez Chacín —exministro del mismo despacho—, Nicolás Maduro Guerra —hijo del principal encausado—, y Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido también como “Niño Guerrero”, presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Tren de Aragua.

Si prospera la solicitud que presentó Barry Pollack, todos los asociados de Maduro implicados en el expediente tendrían la posibilidad de ver y usar las pruebas del caso. La defensa del exmandatario está empujando una lectura amplia del marco legal con el objetivo de obtener una coartada que favorezca a su cliente frente a las pruebas acumuladas por la fiscalía.

Traslado de Nicolás Maduro (1)

El juez Alvin Hellerstein parece inclinarse por rechazar la solicitud de Barry Pollack de dejar sin efecto el proceso penal contra Nicolás Maduro, y al mismo tiempo respaldar la posición de los fiscales para impedir que los asociados del exmandatario obtengan acceso a la evidencia recopilada por la DEA. La sesión de la corte está programada para mediodía, hora de Nueva York.