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SUSCRIBITEEl juez Sebastián Ramos solicitó a Washington la extradición de Nicolás Maduro para indagarlo en la Argentina por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Nicolas Maduro en Nueva York
La Justicia argentina avanzó este miércoles con una decisión de fuerte impacto político y judicial al solicitar a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro. El pedido busca que el ex mandatario venezolano comparezca ante los tribunales argentinos para prestar declaración indagatoria en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, quien firmó el exhorto internacional con destino a Washington. La resolución se dictó en el marco de una investigación que se apoya en el principio de justicia universal.
El expediente tomó impulso tras información judicial que indicó que Maduro fue detenido y trasladado a territorio estadounidense, lo que habilitó el avance inmediato del pedido de cooperación internacional.
En su resolución, el magistrado ordenó librar un exhorto a las autoridades competentes de los Estados Unidos con el objetivo de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros. El fin del requerimiento es someterlo a proceso penal en la Argentina y cumplir con la citación a declaración indagatoria.
El juez Ramos fundó su decisión en la presunción de que el líder venezolano se encuentra privado de su libertad en suelo norteamericano, lo que activa los mecanismos previstos en los tratados bilaterales vigentes.
La solicitud se apoya en el Tratado de Extradición firmado entre la Argentina y Estados Unidos el 10 de junio de 1997, instrumento que regula este tipo de procedimientos entre ambos países.
El llamado a indagatoria que motiva el pedido de extradición fue ordenado por la Sala I de la Cámara Federal porteña el 23 de septiembre de 2024. Esa decisión fue ratificada el 15 de enero de 2026, lo que dejó firme la orden judicial.
El acto procesal resulta clave dentro de la causa, ya que permite avanzar hacia una definición sobre la situación penal del imputado. La Justicia argentina considera a Maduro responsable de un plan sistemático de represión en Venezuela.
Para evitar demoras administrativas, el juez dispuso la traducción urgente del exhorto y de toda la documentación anexa, con el fin de agilizar el trámite ante las autoridades extranjeras.
El magistrado ordenó que el pedido se canalice a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ese organismo tiene a su cargo la gestión de la diplomacia judicial y la comunicación formal con otros Estados.
La intervención de Cancillería busca garantizar que el exhorto cumpla con los requisitos formales y llegue de manera directa a los organismos estadounidenses responsables de evaluar la solicitud.
El trámite queda ahora bajo análisis de las autoridades de Estados Unidos, que deberán determinar la viabilidad del pedido según el tratado bilateral vigente.
La decisión del juez Ramos se enmarca en la aplicación del principio de justicia universal, una doctrina del derecho internacional que habilita a los Estados a juzgar delitos de lesa humanidad sin importar el lugar donde ocurrieron.
Este criterio se aplica cuando se acredita que en el país de origen no existen condiciones para una investigación judicial independiente. En el caso venezolano, la Justicia argentina consideró que el Poder Judicial carece de autonomía frente al Poder Ejecutivo.
La causa se identificó como CFP 2001/2023 y avanzó tras una orden directa de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Democracia en la Región y la Fundación Internacional para la Libertad. A la presentación se sumaron testimonios de víctimas del régimen venezolano que residen en la Argentina.
La querella representa a familias que denunciaron torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política. Según la investigación, los hechos se vinculan con el accionar de organismos de inteligencia como el SEBIN y la DGCIM.
Los testimonios incorporados al expediente describen prácticas sistemáticas de represión que sostienen la acusación por crímenes de lesa humanidad.
En la misma resolución, el juez Ramos ordenó notificar a Interpol de la Policía Federal Argentina y ratificó la vigencia de las alertas rojas internacionales que pesan sobre Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos.
Entre los mencionados figura Diosdado Cabello, uno de los principales dirigentes del chavismo. La medida refuerza el alcance internacional de la investigación judicial.
El magistrado también dispuso comunicar la decisión al fiscal federal Carlos Stornelli y a las querellas unificadas que intervienen en la causa.
El juez resolvió además rechazar escritos presentados por terceros que no acreditaron legitimación para intervenir en el expediente. Entre ellos, descartó la presentación de Luis Augusto Acosta Sequera y de Esteban Rafael Ortiz.
La decisión buscó ordenar el proceso y concentrar la acción judicial en el pedido de extradición y en el avance de la investigación penal.
La causa continúa ahora a la espera de la respuesta formal de las autoridades estadounidenses.
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