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SUSCRIBITELa Ley de Discapacidad se publicó en el Boletín Oficial esta mañana tras ser aprobada en julio de 2025. Habrá cambios claves en pensiones y controles.
La Ley de Discapacidad entró en vigencia: cuales son los principales cambios
El Poder Ejecutivo reglamentó este miércoles la Ley de Discapacidad, una norma aprobada por el Congreso en julio de 2025 que hasta ahora no había sido implementada. La decisión fue formalizada a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de una orden judicial que obligó al Estado a ponerla en marcha.
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad y establece nuevas reglas para las políticas públicas, las prestaciones y el sistema de pensiones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
Si bien la norma había sido sancionada el año pasado, el Ejecutivo había condicionado su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias. Esa postura fue cuestionada en la Justicia y, en diciembre, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró inválido el artículo que suspendía la implementación de la ley y ordenó su puesta en marcha inmediata.
En su fallo, el magistrado sostuvo que supeditar la vigencia de la ley al presupuesto resultaba incompatible con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado, y advirtió que el desfinanciamiento ponía en riesgo tratamientos esenciales para personas con discapacidad.
Aunque el Gobierno apeló la sentencia, la Justicia habilitó la feria judicial para supervisar su cumplimiento y exigió informes sobre los avances en la aplicación de la norma. Finalmente, con la publicación del decreto, el Ejecutivo formalizó el proceso de reglamentación.
Entre los puntos centrales, el decreto establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo criterios de acceso, permanencia, incompatibilidades y procedimientos administrativos. Además, se fijan mecanismos de auditoría y control del sistema.
Las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad serán convertidas de oficio en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que implicará un proceso de identificación y verificación de las prestaciones alcanzadas por la ley.
La reglamentación refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, y la instruye a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar criterios de evaluación socioeconómica. También fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías periódicas, tal como lo establece la norma.
A comienzos de enero, la cartera sanitaria había informado que se habían iniciado pasos administrativos, aunque aclaró que la aplicación no sería inmediata. Con la reglamentación, quedaron definidos los lineamientos operativos.
El decreto ratifica los mecanismos de consulta y participación a través de distintos organismos vinculados al sistema de discapacidad, y establece esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La reglamentación lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Federico Sturzenegger. En los considerandos, el Ejecutivo aclaró que la norma se dicta sin reconocer hechos ni derechos ni consentir los fundamentos de la sentencia judicial, con el objetivo de brindar precisión administrativa, ordenar la implementación y fortalecer los mecanismos de control.
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