Qué pasó con Ueno Bank y por qué quedó involucrado Santiago Peña
Ueno Bank era una entidad financiera de rápido crecimiento que había logrado captar cerca de 2,9 millones de clientes en Paraguay, un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. Su expansión estuvo acompañada por una fuerte presencia publicitaria, beneficios para usuarios y contratos de patrocinio, incluidos acuerdos vinculados con el fútbol paraguayo.
Sin embargo, el Banco Central del Paraguay (BCP) detectó graves problemas de solvencia, préstamos riesgosos y operaciones financieras que comprometían la estabilidad de la entidad.
Después de revisar sus estados contables, las autoridades determinaron que su capital había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación bancaria. El martes 3 de noviembre se conoció la intervención de Ueno Bank. Las aplicaciones, tarjetas y operaciones bancarias quedaron afectadas, dejando a numerosos clientes sin acceso a sus recursos.
La situación provocó protestas y fuertes cuestionamientos contra el Gobierno, especialmente por los antecedentes comerciales de Peña con el grupo empresario que controlaba el banco.
El mandatario había sido accionista de Ueno Holding, conglomerado vinculado con la entidad financiera, hasta abril de 2025. Aunque Peña aseguró haberse desprendido de esas participaciones, la oposición sostiene que durante su gobierno se adoptaron decisiones que habrían beneficiado económicamente al grupo.
Uno de los principales cuestionamientos es el ingreso de importantes fondos estatales y previsionales a Ueno Bank, particularmente recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar jubilaciones y prestaciones de seguridad social.
Las cinco acusaciones que motivaron el pedido de juicio político
El documento presentado ante la Cámara de Diputados contempla cinco grandes ejes de acusación contra Santiago Peña, todos vinculados con el presunto mal desempeño de sus funciones.
El primero es un posible conflicto de intereses. Los legisladores señalan que Peña mantuvo vínculos patrimoniales con Ueno Holding y cuestionan los cambios normativos y las designaciones de funcionarios relacionados con el sector financiero.
Uno de los nombramientos más discutidos fue el de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay. Carvallo había estado al frente de Financiera Ueno, antecesora de Ueno Bank, antes de asumir la conducción del organismo encargado de supervisar las entidades bancarias.
El segundo eje está relacionado con los fondos jubilatorios del IPS. La acusación sostiene que se modificaron mecanismos de inversión y control que facilitaron la colocación de grandes cantidades de dinero previsional en Ueno Bank.
Según los datos difundidos por medios paraguayos, el IPS llegó a mantener alrededor de 355 millones de dólares en la entidad, una suma equivalente a aproximadamente el 9% de sus inversiones, de acuerdo con declaraciones de sus autoridades. La oposición cuestiona si esas decisiones respetaron las condiciones de seguridad necesarias para proteger los recursos destinados a los jubilados y trabajadores.
La tercera acusación apunta a presuntas irregularidades en los créditos que Ueno Bank otorgó a empresas vinculadas con sus propietarios. Según el documento legislativo, el banco habría superado los límites permitidos para prestar dinero a compañías relacionadas con sus accionistas.
Los diputados también cuestionaron la actuación del Banco Central y denunciaron que los controles no habrían sido suficientemente estrictos para detectar y corregir esas operaciones a tiempo.
El cuarto punto está relacionado con presuntos beneficios patrimoniales indebidos. Los legisladores plantean interrogantes sobre la evolución del patrimonio personal de Peña y mencionan préstamos que habría recibido de Ueno Bank para financiar una propiedad.
Estas denuncias forman parte de la acusación política y no representan, por sí mismas, una condena judicial por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, el quinto eje señala la pérdida de confianza en el sistema financiero paraguayo. Para los impulsores del juicio político, las decisiones del Gobierno y los organismos de control habrían permitido una concentración riesgosa de recursos públicos en una entidad privada, exponiendo al sistema a una crisis de grandes dimensiones.
Quiénes impulsaron el juicio político y por qué perdió apoyo el presidente
El pedido fue promovido inicialmente por legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo paraguayo. Entre los principales impulsores aparecen los diputados Raúl Benítez, Rocío Vallejo y Johanna Ortega, junto con representantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Patria Querida y sectores independientes.
El miércoles 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó un proyecto de resolución para avanzar con la acusación contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
La iniciativa también obtuvo respaldo de sectores disidentes del Partido Colorado, lo que debilitó considerablemente la posición política del mandatario.
Durante el jueves, incluso Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y presidente de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, manifestó su apoyo al juicio político. Ese respaldo resultó especialmente significativo porque Cartes había sido uno de los principales referentes políticos que acompañaron la llegada de Peña a la Presidencia.
Con el avance de las acusaciones y las manifestaciones en las calles, el mandatario quedó cada vez más aislado dentro del Congreso.
La diputada Rocío Vallejo había señalado que existían condiciones políticas para avanzar con el proceso y consideraba que la continuidad del presidente se había vuelto insostenible.
Qué es un juicio político en Paraguay y qué pasa después de la renuncia
El juicio político está establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya y permite evaluar la responsabilidad de las máximas autoridades del Estado por mal desempeño de funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes.
No es lo mismo que un juicio penal. Su objetivo principal es determinar si una autoridad debe continuar o no en funciones.
El procedimiento comienza en la Cámara de Diputados, donde se necesita una mayoría de dos tercios para aprobar la acusación. Después, el expediente pasa al Senado, que actúa como órgano juzgador y también necesita una mayoría de dos tercios para disponer la separación del cargo.
En el caso de Peña, el proceso legislativo avanzó durante la jornada del jueves, pero el presidente anunció su renuncia antes de que se completara su eventual destitución.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
También pidió disculpas a la ciudadanía y aseguró que su prioridad era garantizar que los ahorristas pudieran recuperar su dinero.
La Constitución establece que el Congreso debe aceptar o rechazar la renuncia del presidente. En caso de concretarse la sucesión, corresponde que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la conducción del país hasta completar el mandato previsto para agosto de 2028.
Sin embargo, Alliana también había sido incluido en los pedidos de juicio político, por lo que su situación parlamentaria constituye otro aspecto importante de la crisis institucional.
Más allá de la salida de Peña, las investigaciones sobre Ueno Bank y las posibles responsabilidades de sus directivos y funcionarios públicos continuarán por las vías correspondientes.
La renuncia presidencial no equivale a una declaración de culpabilidad ni resuelve automáticamente las denuncias financieras.
La crisis dejó así dos interrogantes centrales para Paraguay: quién asumirá definitivamente la conducción política del país y cómo se garantizará la recuperación de los depósitos de los ciudadanos y de los recursos públicos comprometidos.
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