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SUSCRIBITELa crisis bancaria en Paraguay desató protestas y un pedido de juicio político contra Santiago Peña, lo que llevó a su renuncia al cargo.
Santiago Peña - Ex presidente de Paraguay
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por la intervención y posterior cierre de Ueno Bank.
La decisión se produjo luego de que legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo impulsaran un juicio político en su contra, con el respaldo del propio Partido Colorado.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X, Peña comunicó su decisión y sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional, la paz social y el bienestar de la población. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó. Además, pidió disculpas a la ciudadanía por cualquier incumplimiento de las expectativas depositadas en su gestión.
Peña sostuvo que su salida busca preservar “la estabilidad", "la paz social” y las instituciones democráticas del país. “Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”, y sostuvo que “mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.
Durante su discurso, el ahora exmandatario hizo especial referencia a los ahorristas afectados por la situación de Ueno Bank y reclamó garantías para la devolución de los depósitos. La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, estimados en unos 850 millones de dólares.
La crisis se profundizó luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera la intervención y disolución de la entidad financiera, tras detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa vigente. La medida generó preocupación entre los depositantes, largas filas en las sucursales bancarias y manifestaciones en distintos puntos de Asunción.
El escenario político terminó de agravarse cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), anunció que el Partido Colorado acompañaría el pedido de juicio político contra Peña. El respaldo resultó determinante, debido a la influencia de Cartes dentro de la estructura partidaria y su papel en la llegada del mandatario al poder en 2023.
La intervención generó una fuerte reacción de los ahorristas, que comenzaron a concentrarse frente a las sucursales bancarias y edificios oficiales para exigir explicaciones y reclamar la devolución de su dinero.
Durante las manifestaciones realizadas en Asunción se registraron incidentes entre participantes y fuerzas de seguridad. La Policía utilizó gases lacrimógenos y un camión hidrante durante una de las protestas desarrolladas en las inmediaciones del Congreso.
Los reclamos también se dirigieron contra el Gobierno de Santiago Peña, al que distintos sectores responsabilizan políticamente por la falta de controles sobre la entidad financiera.
En paralelo, el Congreso aprobó una ley de emergencia destinada a garantizar el acceso anticipado a los depósitos de los afectados. La normativa, promulgada por Peña antes de anunciar su renuncia, establece que cada ahorrista podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a aproximadamente 121,7 millones de guaraníes, equivalente a 19.787 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
“A todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés”, publicó Peña en X.
En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026. Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de la entidad, para quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.
El mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, Miguel Vásquez, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los funcionarios fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, ante la presencia de manifestantes que los increpaban a las afueras de la sede fiscal.
Mientras avanza la investigación, uno de los principales desafíos de las autoridades es garantizar la devolución de los depósitos de las personas afectadas.
El Gobierno anunció gestiones para acelerar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos, con el objetivo de comenzar a restituir el dinero de los clientes y proteger los recursos públicos y previsionales involucrados.
Las autoridades financieras iniciaron procedimientos para organizar la devolución de los fondos y reducir el impacto sobre el sistema bancario del país.
La crisis representa uno de los mayores desafíos políticos para Santiago Peña desde que asumió la presidencia en agosto de 2023. Con un mandato previsto hasta 2028, su continuidad enfrenta una creciente presión mientras el Congreso analiza las acusaciones y la Justicia investiga las irregularidades vinculadas a Ueno Bank.
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