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SUSCRIBITEEl presidente de la AFA podrá salir del país del 18 al 20 de marzo para asistir a un sorteo de la Conmebol autorizado por la justicia
La Justicia autorizó a "Chiqui" Tapia a viajar a Paraguay en medio de la causa por presunta evasión
La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo. El dirigente viajará a Paraguay para asistir a un sorteo de torneos organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
La decisión surge en el marco de la causa judicial que investiga a las autoridades de la AFA por una presunta retención indebida de aportes a la seguridad social. El permiso de viaje incluye una condición económica que el dirigente debe cumplir antes de su salida.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante firmó la autorización y fijó una caución de 30 millones de pesos como requisito para permitir el traslado al exterior.
El permiso judicial establece un período limitado de salida del país. Tapia podrá viajar a Paraguay durante tres días para participar de la ceremonia que organiza la Conmebol para definir los cruces de sus competiciones.
El dirigente ocupa un rol relevante dentro del fútbol sudamericano. Además de presidir la AFA, mantiene participación en distintos espacios vinculados a la organización del fútbol continental.
El sorteo de torneos internacionales reúne a dirigentes, representantes de clubes y autoridades deportivas de varios países de Sudamérica.
La investigación se centra en una presunta retención indebida de aportes vinculados con impuestos y contribuciones previsionales. El expediente analiza si la AFA realizó descuentos correspondientes a tributos y aportes sin transferir esos fondos al fisco en el plazo establecido por la ley.
Según la acusación, el monto involucrado alcanza aproximadamente los 19.300 millones de pesos. El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
En ese lapso, la entidad habría actuado como agente de retención de impuestos como Ganancias, IVA y aportes previsionales. La acusación sostiene que esos montos no ingresaron al sistema fiscal dentro de los plazos legales.
El caso surge a partir de un planteo del organismo recaudador ARCA, que detectó supuestas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La normativa establece que el delito se configura cuando una entidad retiene impuestos o aportes y no realiza el pago correspondiente dentro de los 30 días posteriores al vencimiento.
De acuerdo con la denuncia, la situación se repitió durante 19 meses consecutivos. Esa conducta forma parte del eje central de la investigación judicial.
El proceso judicial se encuentra en una fase de definiciones. El juzgado ya tomó las indagatorias correspondientes y recibió los escritos de defensa presentados por los acusados.
El juez dispone de un plazo de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados. La ley prevé tres alternativas en esta etapa: procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito.
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