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SUSCRIBITE Un informe de Humans Rights Watch acusa a Formosa de aplicar medidas "abusivas"
La Universidad John Hopkins y Humans Rights Watch, una de las organizaciones más importantes en materia de monitoreo de derechos humanos, emitieron un durísimo informe respecto a las medidas implementadas en la provincia de Formosa para evitar la propagación del Covid-19, calificándolas de “abusivas e insalubres”.
De acuerdo al informe, más de 24 mil personas fueron obligadas a permanecer confinadas en circunstancias que, en muchos casos, “podrían considerarse detenciones arbitrarias”; algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La conclusión surge de un relevamiento que realizó Human Rights Watch entre enero y marzo de 2021, con 45 entrevistas telefónicas. De ese grupo, 30 estuvieron confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, mientras que el resto fueron médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas y empleados públicos.
La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en la provincia y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no se divulgaran sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos. La publicación también está basada en información oficial provista por el gobierno de la provincia de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Una de las críticas centrales apuntó a que las autoridades mantuvieron recluidas a personas con resultados positivos de Covid-19, junto con otras que contaban con resultados negativos o que seguían esperando los resultados de sus exámenes, causando un riesgo de contagio. “En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, acusa el informe.
Human Rights Watch cuestionó que el gobierno formoseño haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.
El organismo tuvo acceso a un formulario titulado “Consentimiento informado y previo” para casos positivos que se estableció en el Estadio Cincuentenario. El formulario indicaba que el gobierno se “eximía” de responsabilidad por lo que pudiera sucederles a las personas allí retenidas. Por su carácter obligatorio, la disposición implicaba una “privación de la libertad”.
“Las medidas para frenar la propagación del Covid-19 deben proteger a los ciudadanos, no exponerlos a un riesgo mayor”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, expresó Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. “Aislar a ciudades enteras puede generar más problemas que beneficios para la salud en el largo plazo”, completó.
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