Volkswagen AG espió durante los años 80 a varios activistas sindicales de su compañía, entre los que se encontraba el ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, para pasar la información que obtenía a la dictadura militar, según recogen varios documentos a los que ha tenido acceso Reuters.
La empresa vigiló a trabajadores y a líderes sindicales destacados entre los que se encontraba el ex mandatario, que presidió el país entre 2003 y 2010, y actualmente es uno de los políticos más influyentes.
Los documentos han sido recientemente descubiertos por la Comisión de la Verdad, creada a petición de la actual presidenta, Dilma Rousseff, para investigar los abusos ocurridos durante el régimen militar (1964-1985).
La Comisión de la Verdad ya informó el pasado mes de agosto que había encontrado señales de que docenas de compañías, entre ellas Volkswagen y otras automovilísticas extranjeras, habían ayudado a los militares a identificar a los activistas sindicales de la década de 1980 para reprimir el descontento laboral.
Según los líderes de la comisión, 20 páginas de documentos marcadas con confidencial que Volkswagen dio a los militares entre 1983 y 1984 aportan la prueba más clara hasta el momento de que algunas empresas fueron más allá de ayudar a los militares recopilando sus propios datos sobre las actividades sindicales y compartiéndolas.
En los documentos, Volkswagen aportó extensos informes sobre más de una docena de reuniones sindicales celebradas en Sao Paulo, detallando planes como la celebración de huelgas de trabajadores o demandas de mejoras salariales y condiciones laborables. También especifica los nombres de quienes acudían a esas reuniones y, al menos en dos casos, la marca y la matrícula de los vehículos presentes.
Además, la empresa informó al régimen militar de que los trabajadores exhibían películas de temática socialista, repartían folletos e incluso algunos "fueron sorprendidos fumando marihuana".
Estas informaciones, en la mayoría de ocasiones, eran utilizadas por la Policía para detener a los activistas con la intención de desalentar futuros disturbios, según ha declarado Sebastião Neto, miembro de la Comisión de la Verdad.
"Estos documentos muestran con excepcional claridad cómo las compañías esperaban que el gobierno les ayudase a resolver sus problemas con sus trabajadores" ha dicho Neto, que supervisa la investigación de la comisión sobre los vínculos entre las empresas y los militares.
Todas las empresas implicadas se podrían enfrentar a demandas civiles o a demandas de reparación si se descubre que contribuyeron a violaciones de los derechos de sus trabajadores durante la dictadura, han manifestado algunos fiscales brasileños.
Otros dudan de que la evidencia descubierta sea lo suficientemente importante como para iniciar un caso judicial. Creen que el verdadero valor de esta investigación reside en la construcción de un mapa amplío sobre los abusos cometidos en el pasado de Brasil con el objetivo de crear una democracia estable que aprenda de los errores del pasado.
Los documentos se han encontrado en el archivo nacional de Brasil y Neto ha dicho que se incluirían en el informe final del grupo, con vencimiento en diciembre.
FUENTE:ELMUNDO.ES
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