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Masacre de Cromañón.
El pasado 9 de diciembre, familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, pidieron en la Legislatura porteña la aprobación del proyecto que contempla la patrimonialización del edificio donde, en diciembre del 2004, murieron 194 personas.
Dieciséis años después de la masacre, el edificio permanece cerrado, pero los familiares y sobrevivientes indicaron que el dueño del local inició una serie de intervenciones en el interior. Se pintaron paredes y se retiraron todos los objetos que permanecían allí y que pertenecieron a los jóvenes que concurrieron aquella noche al recital.
Nada quedó de los cientos de zapatillas, mochilas y prendas de vestir que constituyeron el símbolo de la masacre y que tenían dueños. Tampoco quedó nada de las marcas de las manos que aquellos que intentaron huir del infierno de gases letales y oscuridad dejaron en las paredes del boliche Cromañón situado en Bartolomé Mitre al 3300, en Once.
Eran marcas de arrastre y de manos que se abrieron como surcos en las paredes. Esas huellas resaltaban a primer golpe de vista cuando, en 2009, el Tribunal Oral N°24 permitió que los periodistas ingresaran en el local antes de dictar la sentencia que condenó a Omar Chabán, a su colaborador, Raúl Alcides Villarreal; al jefe de la comisaría 7a., Carlos Díaz; a los ocho integrantes del grupo Callejeros, y a tres funcionarios del gobierno porteño por su responsabilidad en el trágico incendio.
Los familiares redactaron un proyecto para que el edificio donde fue la masacre sea expropiado para poder levantar allí un espacio de memoria; no obstante, desde el oficialismo porteño le transmitieron que ello no era viable por cuestiones económicas, por lo que elaboraron un nuevo expediente por la patrimonialización que contempla una protección estructural del edificio.
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2004
El público accedió al local con bengalas, algo común en los conciertos de rock aquellos años, era lo que en Argentina se conocía como la "futbolización del rock". Y fue el lanzamiento de una bengala hacia el techo lo que provocó un incendio que acabó con 194 muertos y 1432 heridos.
La tragedia puso en evidencia la ausencia de protocolos ante las emergencias y lo fácil que era abrir al público un local sin cumplir los mínimos de seguridad. Durante la investigación se pudo saber que los planos presentados ante el gobierno porteño por los dueños de la propiedad no coincidían con la arquitectura del salón. Los matafuegos estaban vencidos, la manguera de incendio no funcionaba y no había plano de evacuación. En la planta superior, donde debía estar una puerta, la gente que intentaba escapar chocó contra una pared.
El local se encontraba habilitado para dichos espectáculos con una capacidad de hasta 1031 personas; sin embargo, el recuento del público era bastante mayor a dicha cifra. En la causa judicial se asegura que ingresaron al menos 4500 personas, ya que se habían vendido las 3500 entradas disponibles y se calculó la existencia de 1000 personas que ingresaron sin la misma.
La masacre, hace hoy dieciséis años, supuso un cambio en la escena underground porteña y nacional: se endurecieron los controles, se limitaron los aforos y se cerraron todos los bares que ofrecían conciertos sin una licencia previa. Se llamó "efecto cromañón": aumentar los controles donde antes no existían.
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