Abusos sexuales y amenazas en un jardín de infantes

Paralelamente, los docentes de la institución educativa denunciaron que han recibido amenazas por parte de los padres de los alumnos y se refirieron al “abandono” que padecen por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).

“Estamos recibiendo amenazas y hostigamiento en nuestros teléfonos personales por parte de algunas familias” se puede leer en una carta dirigida a la comunidad. En esta línea, desde la institución manifiestan que sienten “temor” por la integridad física del cuerpo docente y la de sus familias.

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“Nos enteramos el lunes 4 de julio de la denuncia por abuso sexual”, expresó una maestra que trabaja dando clases en la institución educativa al recibir una pregunta de colegas de Infobae. La docente indicó que al llamar a las familias a una reunión para el martes 5 de julio, la situación se puso por demás violenta, y “a la directora la agarraron de los pelos”. En ese marco tuvo que meterse la Policía provincial para resguardar su integridad física.

“Alrededor de las 15 horas nos damos cuenta que la situación era grave, había una gran cantidad de padres dentro del jardín, una gran cantidad de personal policial cuidando a la vicedirectora y la directora. Los padres tenían reclamos por el accionar del cuerpo directivo”, añadió el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Danilo Casanova.

Ante esto, la docente consultada aseguró que “ante tanta violencia, encerraron al plantel directivo en la dirección, la policía las custodió porque las familias las querían linchar. Las directoras estuvieron desde las 3 de la tarde y se fueron a las 11:30 de la noche a las casas en patrulleros”.

La mujer afirmó que algunas familias –aclara que no fueron todas-, decían que “iban a quemar el jardín” y relata que recibían varias amenazas. “Llegó el fiscal a mediados de la noche. Eso tranquilizó el ambiente. Las familias ya tenían la noticia sobre la detención del docente y los cargos que se les iban a formular”, detalló Casanova.

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Siguiendo la información periodística, el ministro de educación provincial, Osvaldo Llancafilo, tuvo un encuentro informal con los padres recién tres días después de cuando se conocieron las denuncias de abusos. Los familiares de las víctimas no se quedaron quietos, y el viernes pasado, 8 de julio, irrumpieron en un acto partidario en el estadio Ruca Che, en el que se estaba el vicegobernador de la provincia, Marcos Koopmann, quien expresó que “los niños no se tocan”, que tienen que “vivir en paz, libre y con salud”. “Yo también soy papá y vamos a hacer todo lo posible y la fuerza para que el Poder Judicial haga lo que tenga que hacer”, resaltó.

En este sentido, señaló que lo que busca es que “los abusadores estén donde tienen que estar” y les aseguró a los presentes que “tienen la razón de reclamar” y que pueden contar con todo su “apoyo personal”.

Al comprender la gravedad de lo ocurrido, el Gobierno provincial dispuso como medida obligatoria que los docentes que vayan a tomar cargos deberán presentar antecedentes provinciales y nacionales, y se implementó un dispositivo de asesoría legal.

Desde el CPE también emitieron un comunicado en el que se destaca que no descansarán “en la búsqueda de la verdad y justicia” y se informa que se dispuso “un regreso paulatino a las actividades escolares en el jardín una vez culminado el receso escolar y el acompañamiento, no solo para las infancias, sino paran toda la comunidad educativa”.

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Sin embargo, desde el jardín manifestaron que el CPE no le brindó respaldo a los docentes: “Las familias dicen que somos culpables porque el profesor venía con antecedentes”, aseguró una autoridad del establecimiento. Sin embargo, sostuvo que no es la institución quien contrata a los docentes, sino que “es el Consejo Provincial de Educación el que asigna los diferentes cargos”. Para la mujer, entonces, fue el Consejo “o algún establecimiento el que ocultó esos antecedentes”.

Desde el sector docente insisten en que están “solas”, que apenas reciben ayuda de parte de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén Capital (ATEN Capital) y de un grupo de padres que disiden con quienes se muestran violentos.

“Pensamos que el CPE, que nos había dado la orden de no hablar, iba a exponer públicamente lo que había pasado, porque era terrible, no podía no reaccionar. No dieron (desde el Consejo) ninguna respuesta, se callaron y ni siquiera con nosotras hablaron. Nos dejaron solas y la supervisora desapareció”, indicó una docente.

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“Estamos viviendo una película de terror, solas hacemos como podemos. Hay compañeras que están devastadas y estamos devastadas también por las criaturas y las familias que vivieron esa situación”, señaló, pero reconoció que también se encuentran “devastadas” por las amenazas y los amedrentamientos, ya que “sacaron datos personales, direcciones, teléfonos”, y hasta “mandaron un listado” de cada maestra.

Ayer, el fiscal general José Gerez mantuvo una reunión con padres y madres que denunciaron abusos. El encuentro tuvo lugar al mediodía, en la sede del Ministerio Público Fiscal en la Ciudad Judicial, y funcionario judicial estuvo acompañado por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y el fiscal del caso Manuel Islas.

El pasado 6 de julio, el fiscal Islas formuló cargos a un hombre, W. H, a quien atribuyó haber abusado sexualmente de niños y niñas que asisten al jardín de infantes. A su vez, solicitó que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras se efectúa la investigación. Alegó que existe riesgo de que se fugue, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.