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El escrito, que fue presentado el lunes pasado, 4 de julio, y que lleva las firmas de de la presidente de Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, y del secretario de la ONG, César Meyer, incluye una extensa enumeración de las causas que, a su entender, fundamentan el pedido de exclusión, explicando los puntos "que irían en contra de su independencia e imparcialidad".
En el documento se expresa que "al mismo tiempo que desempeña un cargo de juez en un Tribunal Internacional, Zaffaroni se dedica a la actividad política, a la militancia partidaria, a inmiscuirse en los asuntos de política interna de Argentina y Brasil, a través de declaraciones públicas, y a asesorar profesionalmente a una imputada de delitos de corrupción", sintetiza la nota.
Este último tramo se refiere a la actividad que el ex magistrado desarrolló asesorando a la ex presidente Cristina Kirchner, cuando a mediados de abril, y antes de la requisitoria ante el juez federal Claudio Bonadío- en la causa en la que se investiga la operatoria con del dólar futuro-, el juez de la CIDH se reunió con la ex presidenta en la casa de su hija Florencia, para asesorarla en la defensa.
Además, Usina de Justicia adjuntó a su presentación ante el tribunal internacional unos 20 artículos periodísticos entre los que se destaca uno, del matutino Página 12, en que se señala: "El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni descansó en la certeza de que el pueblo no se queda quieto para dar por hecho el regreso del kirchnerismo al gobierno nacional, y solicitó que, entonces, se creen instrumentos para parar al colonialismo: No podemos seguir permitiendo este riesgo. Nos necesitamos a todos vivos, en la calle, protestando, resistiendo, concluyó". Ese día Zaffaroni también dijo que el gobierno de Macri es "un virreinato" en el que "gobierna el colonialismo de las corporaciones", dice ese texto.
Por otra parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal había resuelto suspenderle su matrícula como abogado por haber ejercido la defensa en otro caso, "violando la disposición que señala que ningún ex miembro de la Corte Suprema de Justicia podrá retomar su actividad profesional hasta al menos dos años después de dejar ese cargo".
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