El avance del jabalí europeo se convirtió en una grave amenaza para la producción agropecuaria argentina, debido a los daños que provoca en cultivos e instalaciones rurales, la transmisión de enfermedades y el riesgo que representa para las personas. La especie invasora genera pérdidas en el campo estimadas en 1.600 millones de dólares por año y ya se encuentra presente en casi todas las provincias.
El animal fue introducido en el país a principios del siglo XX con fines recreativos y de caza deportiva. Con el paso de las décadas, la falta de depredadores naturales, su capacidad de adaptación y la ausencia de una estrategia nacional permitieron que su población creciera de manera sostenida.
Francisco Pescio, docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, explicó que los primeros ejemplares fueron traídos a La Pampa por un grupo de estancieros. “A principios del siglo XX, un grupo de estancieros trajo los primeros jabalíes europeos a la Argentina para la caza deportiva en La Pampa. Los dientes y las cabezas de estos animales son considerados trofeos, y además se aprovecha la carne y el cuero”, indicó.
En Argentina, el avance del jabalí europeo se transformó en una de las principales preocupaciones para el campo
Una de las especies más invasoras del planeta
En la actualidad, el jabalí europeo está considerado entre las 15 especies más invasoras del mundo. Su presencia representa un serio problema tanto para el sector agropecuario como para la biodiversidad local.
Los ejemplares adultos pueden superar los 200 kilos y suelen desplazarse en grupos numerosos. “Los ejemplares adultos son enormes y pueden ser agresivos. Pesan más de 200 kilos y no andan de a uno, sino en manadas grandes. No me los querría cruzar ni enfrentar”, advirtió Pescio.
La expansión territorial de la especie continúa sin límites claros, debido a que las manadas atraviesan las fronteras provinciales y se desplazan hacia zonas donde existe una menor presión de caza.
Pérdidas millonarias para el campo
El jabalí provoca importantes daños económicos al destruir cultivos y romper alambrados, corrales y otras instalaciones rurales. Según las estimaciones citadas por el especialista, las pérdidas para el sector alcanzan los 1.600 millones de dólares anuales.
“El daño que causan al agro es de unos 1.600 millones de dólares anuales, por lo que se lo considera plaga en varias provincias. Buenos Aires, por ejemplo, decretó la ‘caza plaguicida’ del jabalí”, señaló el docente.
En Argentina, el avance del jabalí europeo se transformó en una de las principales preocupaciones para el campo
La presencia de los animales también genera riesgos para la población. Pescio recordó que un jabalí mató a un puestero en Mendoza y que recientemente se detectaron ejemplares en la zona de Ingeniero Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires.
El riesgo de transmisión de enfermedades
El impacto del jabalí europeo no se limita a los daños materiales. La especie también puede transmitir enfermedades a los cerdos domésticos, entre ellas triquinosis, hepatitis y peste porcina. Esta situación representa un riesgo especialmente importante para los productores porcinos pequeños y medianos.
Además, la carne de jabalí que se comercializa en el país proviene principalmente de faenas clandestinas, debido a que no existe una cadena formal y habilitada. “Como no existe la producción formal, esta carne proviene de la faena clandestina. El consumidor no tiene forma de saber qué está comiendo ni qué riesgos corre”, sostuvo Pescio. El especialista explicó que algunos cazadores elaboran conservas, fiambres y chacinados que luego llegan a ferias y restaurantes sin controles sanitarios ni análisis para detectar triquinosis.
Reclaman frigoríficos habilitados
Para garantizar un consumo seguro, Pescio propuso habilitar frigoríficos preparados para la faena de jabalíes. “Para poder consumirlo con seguridad, hace falta algo que hoy no existe: frigoríficos habilitados. Es el único eslabón que puede garantizar la cadena de frío y los controles sanitarios”, remarcó.
El último establecimiento habilitado para esa actividad cerró en 2019. Desde entonces, los cazadores quedaron sin incentivos económicos y tampoco existe un registro eficiente para controlar la cantidad de ejemplares. “Sin ellos no hay incentivos económicos para los cazadores, y sin cazadores registrados no hay control de la especie”, explicó el docente.
El ejemplo del Parque Nacional El Palmar
Una de las experiencias destacadas para controlar la expansión del jabalí ocurrió en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos. En esa zona, la especie comenzó a dañar el ecosistema y afectó especialmente a los brotes y ejemplares jóvenes de palmera yatay. Frente a esta situación, se implementó un programa conjunto entre cazadores locales, organismos sanitarios, autoridades y habitantes de la zona.
“Otorgaron permisos de caza solo a los pobladores y en áreas habilitadas, hicieron el control sanitario de cada animal cazado y acordaron que una parte de la carne fuera para los cazadores y otra para comedores comunitarios cercanos”, relató Pescio. Según explicó, el programa permitió controlar la invasión, generar ingresos para los pobladores y abastecer de carne a comedores comunitarios.
La necesidad de un plan federal
El especialista remarcó que las medidas aisladas no son suficientes para frenar el avance de la especie. “Las manadas de jabalíes no reconocen los límites provinciales. Al no existir un plan federal de manejo, las poblaciones crecen en zonas donde no se los caza y luego cruzan los límites hacia donde la presión de caza es menor”, explicó.
Por este motivo, planteó que las provincias y la Nación deben trabajar de manera coordinada para establecer una política de control. También destacó la necesidad de fortalecer el trabajo científico de las universidades nacionales, el INTA, el CONICET y otras instituciones que puedan asesorar a las autoridades.
Lo que comenzó como una práctica vinculada con la caza deportiva se convirtió en una amenaza económica, sanitaria y ambiental. Mientras la población de jabalíes continúa creciendo, los especialistas reclaman una respuesta coordinada para evitar que los daños sean cada vez mayores.
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