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SUSCRIBITEEl organismo estatal informó que las jubilaciones mínimas serán de $190.000 y la máxima de $1.279.358. Estas se incrementarán en línea con el IPC de marzo.
El proyecto de la nueva ley ómnibus incluye un artículo que propone la derogación de las moratorias previsionales.
Las jubilaciones y pensiones administradas por ANSES experimentarán un aumento del 11% en mayo, acorde con el índice de inflación de marzo, tal como lo dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274. La incógnita radica en la magnitud de los incentivos adicionales que el Gobierno de Javier Milei implementará para evitar que los ingresos queden rezagados respecto a los precios.
Este aumento corresponde al cambio registrado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que alcanzó el 11%, de acuerdo con las cifras del Indec. Como resultado, la jubilación mínima se elevará aproximadamente de $171.283,31 a alrededor de $190.124, mientras que la máxima aumentará de $1.152.574,47 a $1.279.358. Es importante tener en cuenta que estos valores son aproximados y brutos, y están sujetos a los decimales del índice utilizado.
El ajuste del 11% se implementará en los ingresos correspondientes a este mes, los cuales ya han experimentado un incremento acumulado del 27,4% desde marzo. Con este incremento, el aumento total en los primeros tres meses del año alcanzará el 79,85%, mitigando en parte la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación.
El Decreto de Necesidad y Urgencia número 274 introduce un nuevo método para ajustar las jubilaciones, empleando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como punto de referencia mensual en lugar de la fórmula de movilidad establecida por la ley 27.609. Esta modalidad entrará en vigencia a partir de julio. Sin embargo, durante el período de transición, que abarca desde abril hasta junio, se llevarán a cabo ajustes mensuales basados en el IPC, además de aumentos adicionales.
Aunque el incremento porcentual puede ser conocido de antemano, queda por determinar la disposición respecto a los bonos para aquellos que los perciben. Para el mes actual, el primero en el cual los ingresos propiamente dichos se actualizan por inflación, el Gobierno optó por mantener el límite en $70.000, tras haberlo aumentado en marzo en una proporción muy similar al incremento de los ingresos por movilidad.
A pesar de estas acciones, los ingresos de los jubilados han sufrido una marcada disminución en términos reales en los últimos años. Durante el período de 12 meses que concluyó en febrero, el valor real de los ingresos se redujo entre un 29% y un 47%, según si se recibieron bonificaciones durante ese lapso y en qué proporción. Esta circunstancia ha generado inquietud sobre la capacidad de los jubilados para sostener su nivel de vida ante el aumento de precios.
Además, hay noticias adicionales para quienes se preparan para jubilarse. El proyecto de la nueva ley integral incluye una cláusula que plantea la eliminación de los programas de moratoria previsional. Este sistema, empleado por alrededor de 800.000 individuos para obtener la jubilación sin cumplir con los 30 años de contribuciones exigidos por las regulaciones previsionales, sería revocado si el documento se aprueba tal como está redactado.
El sistema de moratoria actual posibilita a los solicitantes regularizar periodos de contribuciones no abonados hasta diciembre de 2008, mediante un esquema de pagos que se extiende hasta 120 cuotas.
Este convenio se tramita con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y los pagos acordados se deducen directamente del importe de la jubilación que la persona perciba al obtener el beneficio. Además, se implementa un programa específico para aquellos que estén a menos de diez años de la edad de jubilación, permitiéndoles iniciar la cancelación de sus deudas previsionales para poder acceder a la jubilación sin adeudos pendientes.
Estas medidas se pusieron en marcha con el objetivo de simplificar el acceso a una pensión para aquellos que, por diversas circunstancias, no lograron cumplir con los requisitos formales de años de contribución, brindando así una alternativa para fortalecer su estabilidad económica en la etapa de la vejez.
No obstante, el Gobierno liderado por Javier Milei sostiene que las moratorias son una de las razones de la fragilidad del sistema, el cual ha incorporado aproximadamente 4 millones de beneficiarios sin que los recursos financieros disponibles puedan respaldarlos.
En caso de que se apruebe la revocación propuesta, aquellos que no cumplan con los criterios legales para jubilarse solamente podrán obtener la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), la cual representa el 80% de una jubilación mínima.
Es relevante señalar que la anulación no perjudicaría los beneficios obtenidos por aquellos que ya se jubilaron mediante el sistema de moratoria en el pasado. Sin embargo, quienes tenían previsto utilizar esta opción en el futuro se verían afectados por la medida, ya que tendrían un período limitado para regularizar sus contribuciones antes de que la nueva ley entre en vigor.
Esto podría afectar de manera especialmente notable a las mujeres que se acercan a la edad de jubilación y que podrían perder la oportunidad de obtener la jubilación sin completar los requisitos de contribuciones.
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