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SUSCRIBITEEl Ejecutivo presentó la apelación sin esperar la decisión sobre la suspensión del fallo. Fue entregada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Argentina apeló el fallo que la obligaba a entregar las acciones de la petrolera a Burford.
El Ejecutivo argentino decidió avanzar con la presentación de un recurso de apelación frente al fallo emitido por la jueza Loretta Preska, que ordena al Estado transferir el 51% de las acciones de YPF, actualmente bajo control estatal, a los fondos que resultaron favorecidos en la demanda por la expropiación realizada en 2012.
La medida fue oficializada el pasado 9 de julio mediante un escrito ingresado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, ubicada en la ciudad de Nueva York. El recurso de apelación fue interpuesto antes de que la jueza Loretta Preska se pronunciara sobre el pedido de “stay” presentado días atrás por el equipo jurídico argentino, el cual buscaba frenar la ejecución de la sentencia mientras se desarrollaba el proceso de revisión del caso.
La presentación quedó registrada en los expedientes correspondientes a las demandas iniciadas por Burford Capital y Eton Park. El escrito fue suscrito por el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, encargado de la defensa legal de la República Argentina en este litigio.
“El paso era esperado en tres semanas, dos semanas, una semana, no ahora”, señaló Sebastián Maril, director ejecutivo de Latin Advisors y especialista en el litigio. “La teoría te dicta que Argentina debería haber esperado que la jueza diga si acepta o no el pedido de suspensión del fallo... directamente no esperó y apeló. No es ilegal, está en todo su derecho, pero tal vez hubiese esperado a ver qué decía la jueza como para tomar otra decisión”, añadió.
El litigio central de este caso se origina en la nacionalización de YPF llevada a cabo por la administración de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Tras un extenso proceso judicial que se prolongó durante ocho años, en 2023 la jueza Loretta Preska determinó que el Estado argentino incurrió en una “mala praxis” al ejecutar la expropiación y lo condenó a abonar una indemnización de 16.000 millones de dólares.
Los principales beneficiarios de este fallo son los fondos liderados por Burford Capital, un estudio jurídico que adquirió los derechos de litigio de compañías que sostienen haber sufrido daños económicos a raíz de aquella medida del Gobierno.
La sentencia condenatoria fue impugnada mediante una apelación y, simultáneamente, el proceso judicial continuó su curso en el tribunal a cargo de Preska. En este escenario, Burford presentó diversos pedidos, con la intención final de entablar negociaciones con Argentina, entre los cuales figuraba la pretensión de retener la propiedad accionaria de la empresa petrolera.
Según una exclusiva publicada ayer, el Gobierno anticipa un nuevo fallo desfavorable en este litigio. Existe la posibilidad de que, pese a haber recurrido directamente ante la Cámara, Preska solicite garantías antes de otorgar la suspensión temporal del proceso (stay).
Si se diera ese escenario, y la cámara no resuelve la apelación antes del lunes, sumado a que Argentina no aporte activos en garantía, el país podría incurrir en desacato —previa solicitud de los demandantes—. Esto representaría un duro golpe a la confianza internacional en el país, justo en un momento clave de apertura económica, con el objetivo de retornar a los mercados globales de crédito y atraer inversiones que impulsen la actividad económica.
Como informó este medio, el Ejecutivo está convencido de que existen “buitres domésticos” que actúan en contra de Argentina por diversas razones —políticas, coyunturales y financieras—.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, aseguran desde el entorno del Presidente.
Se señalan las recientes declaraciones de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; además de apuntar a antiguos funcionarios, despachos jurídicos privados, analistas e incluso compañías que, según se sostiene, podrían estar moviendo intereses de forma encubierta para aprovecharse de Vaca Muerta, en un contexto donde YPF, aunque no forma parte directa del litigio, podría verse perjudicada.
Como parte de la táctica global, el Estado solicitará el respaldo del Gobierno de Estados Unidos para que intervenga en el proceso, tal como ocurrió el año pasado bajo la administración de Joe Biden. Desde Casa Rosada también aseguran que otro pilar fundamental de la defensa será mantener la postura de no entablar negociaciones.
“No se negociará nada. La estrategia es judicial 100% en el estrado de Preska. Lo dijo el Presidente: se irá hasta las últimas consecuencias dentro de las instancias judiciales. Hay mucha especulación por una negociación porque hay muchos que se pueden llevar una gran tajada especulando. En esto están confluyendo poderes políticos, corporativos, del petróleo”, dicen en el Gobierno.
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