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SUSCRIBITELa inundación en la cuenca del Salado bonaerense obliga a proveedores rurales, transportistas y comercios a afrontar recortes y una fuerte baja en sus ingresos.
Hay casi 6 millones de hectáreas afectadas y las pérdidas alcanzarían los USD 2.000 millones.
Más de 3,8 millones de hectáreas destinadas a la producción, ubicadas en la cuenca del río Salado, en pleno centro de la provincia de Buenos Aires, atraviesan una anegación que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), representa la situación hídrica más crítica en décadas.
La dimensión del fenómeno ha dejado amplias zonas improductivas y abre la puerta a pérdidas económicas que podrían superar los USD 2.000 millones, conforme a los cálculos de la organización rural.
El procesamiento de fotos satelitales registradas entre el 11 y el 13 de noviembre permitió a Carbap estimar que alrededor de 2 millones de hectáreas continúan bajo agua o con un nivel de saturación que imposibilita su uso.
En total, el área comprometida se acerca a 3,8 millones de hectáreas, ya que también incluye zonas donde, aunque la inundación no se aprecia a simple vista, el estado del terreno y la imposibilidad de acceder vuelven inviable cualquier tarea rural. En términos prácticos, son superficies que han quedado completamente excluidas de la actividad productiva.
La inundación que atraviesa la cuenca del Salado tiene un fuerte impacto territorial y se extiende por un conjunto de municipios que, en total, reúnen más de 4,5 millones de hectáreas comprometidas. Entre las zonas más golpeadas figuran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008 hectáreas).
En estas jurisdicciones, más de 1,1 millones de hectáreas continúan anegadas, y en muchas otras la falta de caminos transitables o la imposibilidad de operar maquinaria agrícola profundiza aún más el problema.
El margen disponible para iniciar la siembra de los cultivos centrales de la zona —soja y maíz— se está agotando con rapidez. Según alertó Carbap, más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas afrontan un riesgo extremo de quedar sin producir durante esta campaña.
Si ese territorio pudiera implantarse siguiendo la proporción habitual —aproximadamente 60% destinado a soja y 40% a maíz—, la organización estima que el circuito económico dejaría de incorporar cerca de USD 2.000 millones en 2026. “Están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, subrayó Carbap.
El alcance de este golpe económico supera ampliamente a los productores rurales. La merma en la actividad repercutirá sobre contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y un amplio entramado de pymes de la zona, mientras que los gobiernos municipal, provincial y nacional también enfrentarán una baja en sus ingresos fiscales. Carbap resumió el panorama con una señal de alarma: “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.
La zona que integra la cuenca del río Salado, un territorio de alrededor de 17 millones de hectáreas, es responsable de casi una cuarta parte de la producción nacional de granos y concentra cerca del 28% de la hacienda bovina del país. La continuidad del anegamiento durante los últimos nueve meses dejó expuesta la falta de ejecución y el prolongado atraso en intervenciones hidráulicas clave, entre ellas el Plan Maestro del Río Salado, cuya conclusión arrastra más de diez años de demora.
Para Carbap, la carencia de estas obras de fondo explica en gran medida que millones de hectáreas sigan afectadas sin posibilidad de recuperación inmediata.
Los dirigentes ruralistas remarcaron que los gobiernos locales son los responsables directos del cuidado y la conservación de los caminos rurales, una tarea que debería sostenerse con los recursos provenientes de la tasa vial, las guías de traslado y una fracción del impuesto inmobiliario rural.
No obstante, la organización advierte que una porción relevante de esos ingresos termina utilizándose para fines ajenos al mantenimiento vial, lo que deriva en rutas de tierra deterioradas, accesos bloqueados y mayores gastos de transporte, tanto para quienes producen como para quienes consumen.
La provincia de Buenos Aires es la encargada principal de llevar adelante las intervenciones previstas en el Plan Maestro del Río Salado. De acuerdo con lo planteado por Carbap, el nivel de ejecución de estas tareas apenas supera la mitad del cronograma establecido, aun cuando deberían haberse concluido hace ya una década.
Para 2026, el proyecto de presupuesto provincial contempla duplicar el impuesto inmobiliario, un incremento que implicaría más de USD 70 millones extra de recaudación. Sin embargo, solo se destinan un poco más de USD 4 millones a la continuación del Plan Maestro, una diferencia que la entidad rural considera absolutamente desproporcionada.
El documento remarcó que, a escala nacional, el Estado percibe más de USD 1.000 millones al año en derechos de exportación provenientes exclusivamente de esta zona, además de disponer de un fondo destinado a infraestructura hídrica, que se nutre de un tributo específico aplicado a los combustibles.
Sin embargo, el Presupuesto 2026 no asigna recursos para avanzar con las intervenciones previstas en el río Salado, una omisión que, según la entidad rural, podría generar consecuencias económicas significativas.
Ante este escenario, Carbap reclama que los tres niveles gubernamentales asuman sus obligaciones y plantea un objetivo puntual: que en 2030 las obras contempladas en el Plan Maestro del Río Salado queden completamente finalizadas. La organización subraya que no es un deseo ni una propuesta voluntarista, sino una exigencia productiva, social y ética, y demanda un compromiso público y verificable para garantizar su cumplimiento.
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