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19 de abril de 2019 - 17:46
A la justicia

Comenzó un juicio millonario contra YPF y el Estado argentino en Nueva York

 Revés para la Argentina en el juicio millonario por la estatización de YPF.

El guiño de los Estados Unidos duró poco. Si bien la Argentina había conseguido un apoyo de la justicia norteamericana en enero pasado por el juicio millonario que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la compañía en abril de 2012, hoy se conoció que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dejó firme el fallo.

Y es que el caso puede continuar en paralelo sin necesidad de que la Corte Suprema dé su opinión sobre la jurisdicción, algo sobre lo cual el máximo tribunal había consultado al procurador general norteamericano -el abogado de la Casa Blanca- sin plazos predefinidos.

La información fue dada a conocer por la Justicia estadounidense. En tanto, desde el Gobierno confirmaron a LA NACION que presentaron un pedido de urgencia a la Corte de Apelaciones pidiendo la reconsideración de dejar firme la sentencia a la cual calificaron de "sorpresiva".

En este marco, desde el Gobierno insisten en que es un proceso y que hay que ir respetando los pasos y, desde luego, acatarlos.

El problema comenzó seis días antes del tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del kirchnerismo. En abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de US$500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó a la compañía en una operación cuestionada. Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.

FUENTE: La Nación

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