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Con el apoyo de 130 legisladores del oficialismo y sus aliados, el Frente para la Victoria consiguió de este modo aprobar el último de los proyectos que restaba de ese paquete de modificaciones referido a distintos aspectos del funcionamiento la Justicia.
Ese conjunto de leyes incluyó una reforma estructural del Consejo de la Magistratura que, además de ampliar su conformación, estableció la elección a través del voto popular de los nuevos consejeros, aspecto que fue objetado judicialmente por sectores opositores, jueces, abogados y algunas ONGs.
La regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte; la creación de tres nuevas cámaras de casación; la difusión de las resoluciones y acordadas de la Corte de los tribunales de segunda instancia; y la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios públicos, son los otros aspectos ya aprobados de la reforma.
La votación del proyecto de ingreso democrático del personal a la justicia -que fue tratado en segunda revisión por la Cámara de Diputados- se realizó en el marco de una sesión especial solicitada por el oficialismo.
Allí, los legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados avalaron los cambios que fueron introducidos en el texto de la iniciativa por el Senado.
Antes de dar tratamiento a esta iniciativa, el cuerpo debatió largamente y convirtió en ley a la iniciativa de exteriorización de divisas no declaradas, a cuyos tenedores se les otorgará bonos destinados a inversiones en energía, infraestructura o el mercado inmobiliario.
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