El Gobierno nacional emitió un decreto que modifica la forma de calcular los montos e intereses de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, incapacidad laboral definitiva o fallecimiento, lo que provocó una fuerte respuesta de los gremios que aseguran que es inconstitucional.

Según explica el decreto, el esquema que estaba vigente provocaría desfinanciamiento del sistema con impacto en las aseguradoras y los trabajadores del Sistema de Seguridad Social.

A partir de ahora se pasará a utilizar la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), cuya tasa el año pasado fue del 30,6%, muy por debajo de la tasa anual del Banco Nación que fue del 71,77% y la tasa efectiva que es del 100,82%.

“El Poder Ejecutivo no puede emitir decretos con contenido de ley, salvo excepciones, que en este caso no se cumplen”, indicó a Infobae Gustavo Ciampa, abogado laboralista y profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

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