Las organizaciones civiles especializadas en vialidad no tienen registro de un fallo similar: un juez condenó a la provincia de Córdoba y a la comuna de San Roque a que se hagan cargo de parte de una indemnización a las víctimas de un siniestro de 2007, en el que un joven en estado de ebriedad chocó con su auto y provocó la muerte de tres de sus acompañantes. Es por la falta de controles que hubo en la autopista donde ocurrió el hecho. Para los especialistas, podría sentar un importante precedente para futuros fallos.
Se trata de un caso conocido en Córdoba como “la tragedia del Ford Ka”, que ocurrió en la madrugada del sábado 3 de marzo de 2007. El Ford Ka, manejado por Matías Castro (21) y en el que viajaban seis jóvenes más que regresaban de un boliche de la comuna San Roque, chocó con un Volkswagen Polo en la autopista Carlos Paz-Córdoba y terminó volcando en el cantero central. Por ese choque murieron Enzo Paniza (17), Manuela Gorriti y Leticia Buffa (ambas de 21), mientras que Juan Manuel Palacios Sosa, Florencia Córdoba y Anabel Pico sufrieron lesiones de por vida.
Según cuenta el diario La Voz del Interior, en el fallo del juez Andrés Olcese se ordena a la Provincia ser solidaria con el autor del siniestro y pagar un 30% de una indemnización que supera los dos millones de pesos más 10 años de intereses. También que el pago del 10% de ese monto resarcitorio lo concrete la comuna de San Roque, donde se encontraba el boliche La Estación, desde donde partió el conductor alcoholizado guiando un pequeño auto ocupado por siete personas.
“Matías Castro llevaba a seis amigos en el mismo auto porque en el boliche La Estación no funciona ninguna línea de colectivos ni combis ni taxis. La única opción para irse de allí es en auto o sino caminar más de un kilómetros por una zona que no es segura”, cuenta a Clarín Esteban Gorriti, padre de Manuela, y agrega que hoy, a 10 años de la tragedia, el lugar sigue funcionando en las mismas condiciones. “Existió y existe aún una ausencia de asistencia vial en toda la autopista, eso nunca cambió. El boliche abre de octubre a marzo. Todo sigue igual que cuando mi hija y sus amigos murieron”, detalló.
Condenan al Estado a pagar por el choque fatal de un joven borracho
En la resolución se llega a la conclusión de que la Provincia actuó como facilitadora de los excesos cometidos por Castro al volante: no hubo ningún tipo de control ni a la salida del boliche ni tampoco durante todo el recorrido que el joven hizo por la autopista, por donde transitó ebrio en una “zona liberada” para circular sin limitaciones.
El diario cordobés, que accedió al fallo, explicó los motivos del juez. “Considero ajustado a derecho resolver que la conducta omisiva del Estado, tanto provincial como comunal, que venimos referenciando, debe calificarse como un ‘elemento facilitador’ del suceso ocurrido; por lo que humildemente entendemos ajustado a derecho endilgarle al Estado provincial el 30% de la responsabilidad de los hechos base de esta acción; y a la comuna de San Roque el 10%”, sostiene Olcese. Los padres de Buffa y Gorriti recibirán resarcimientos de 688.000 pesos más intereses, mientras que los familiares de Paniza, recibirán 721.000 pesos, lo que constituye un total de 2.097.000 pesos.
“Nosotros apelamos el fallo porque consideramos que la comuna de San Roque debería pagar el 30%, al igual que la provincia de Córdoba. Somos positivos y creemos que se hará efectivo. Esperemos que sirva para que de ahora en más el Estado controle cómo debe hacerlo”, agregó Gorriti, quien tras la muerte de su hija creó un centro de estudios que lucha para prevenir accidentes.
Para Alberto Silveira, presidente de la Organización Civil Luchemos por la Vida, el fallo sería inédito. “En principio no recuerdo un caso similar”, dijo y agregó que él considera importante lo que ocurrió y espera que marque un antecedente. “Es una forma de que el Estado asuma responsabilidades. Es la forma de castigar cuando no se cumple con la obligación de controlar, ya que si nadie controla se crea una sensación de impunidad con la cual todos creen que pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada”, explicó el especialista.
Silveira aclaró también que, aunque se hagan controles, puede haber accidentes: “El problema es cuando el Estado en forma generalizada no controla, lo que propicia que estas cosas ocurran. Entonces deben ser condenados”. El presidente de Luchemos por la Vida aseguró que esto podría cambiar la realidad de la cantidad de accidentes: “Si el Estado recibe 200 condenas por semana, las autoridades controlarán más para -aunque sea- no tener que soportar la carga económica. Esto ayudaría a cambiar muchas cosas”.
El 6 de mayo de 2011 Castro fue declarado autor de tres homicidios culposos agravados y tres lesiones culposas agravadas, por lo que recibió una condena de 4 años y 10 meses de prisión, en un veredicto de la Cámara 7ª del Crimen. Estuvo tres años preso y quedó en libertad. “Nunca pidió perdón y en el juicio cuando tuvo que hablar dijo que no tenía nada para decir”, concluye Gorriti.
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