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La crisis económica argentina parece recurrente y no solo no muestra signos de parar, sino muy por el contrario, más allá de las medidas que el Gobierno nacional que no alcanzan para convencer a los mercados locales y tampoco a los inversores.
Pero esta suba del dólar, del riesgo país, los vencimientos de Leliq, los bonos que caen y la inflación que se dispara, influyen cada día más en el golpeado bolsillo argentino, sumada a la incertidumbre que se genera en la transición desde las elecciones Primarias a la generales del mes próximo.
El fin o el recorte de algunos subsidios para equilibrar las cuentas fiscales afectan a las provincias, ya sea en las tarifas de servicios esenciales como la luz, el gas y el agua, y también en las tarifas del transporte, acrecentando precios y elevando tarifas, más allá de algunos diferimientos que el Ejecutivo Nacional impuso.
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La suba del dólar y del barril de petróleo tiene directa incidencia en el precio de los combustibles, que sufrieron un aumento considerable este año. El Gobierno decidió congelar los precios por 90 días, pero nadie sabe anticipar a cuanto llegará tras la compulsa de octubre.
El precio de los alimentos en los comercios aumentó casi un 30% tras la devaluación post PASO. Llenar el changuito en los supermercados es casi un milagro. Además ganaron terreno las segundas y terceras marcas, pero el encarecimiento de esos productos también género que las privaciones en las familias sea altas.
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La pérdida de empleos, con la baja de la producción, es otro indicador negativo que impacta en la economía social diariamente. En junio, el Ministerio de Trabajo registró 22.500 asalariados privados menos, lo que significa que, en el último año, la pérdida de empleos suma 172.200. Así, la totalidad de trabajadores privados formales cayó a 6.069.000 y es inferior que cinco años atrás. En cuanto a las provincias, sólo dos de las 24 jurisdicciones registraron aumentos interanuales.
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