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En el marco de la causa Ciccone, que involucra al expresidente Amado Boudou, Alejandro Vanderbroele solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la eliminación de la derogación del decreto de Mauricio Macri con respecto al testigo protegido.
Según denuncia el otrora testaferro de Boudou, el gobierno argentino está poniendo en riesgo su libertad e integridad física y moral, y lo calificó como una “embestida del espacio político” en su contra.
El principal apuntado es Juan Martín Mena, secretario de Justicia, aunque también menciona a otros miembros del Poder Ejecutivo. Tampoco quedó afuera el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.
Además, renunció el viernes 21 al Programa de Testigos Protegidos bajo el que estaba desde noviembre de 2017. Esto fue por la “filtración y difusión mediática e ilegal” de su legajo que “comprometió su seguridad de manera exponencial para provocar escarnio público y buscar un beneficio procesal entre condenados pertenecientes al espacio político del gobierno”.
Cabe destacar que el presidente Alberto Fernández anuló el decreto de Mauricio Macri para proteger a los testigos y enviarlos a la órbita del Ministerio de Justicia. “Esto nos colocará en la inédita situación de estar protegidos por los denunciados”, dijo.
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