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SUSCRIBITEEl Gobierno dispuso una veeduría sobre la AFA por 180 días para auditar balances, contratos y su funcionamiento institucional.
Designaron veedores en la AFA y auditarán balances y contratos por 180 días
El Gobierno nacional dispuso una veeduría sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por un plazo de 180 días hábiles, con el objetivo de auditar su funcionamiento contable y administrativo tras la detección de posibles irregularidades.
La medida fue formalizada por el Ministerio de Justicia, a pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), y alcanza a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La resolución no implica una intervención plena ni el desplazamiento de autoridades, sino un mecanismo de control reforzado que permite supervisar la documentación interna de la AFA. Los veedores designados son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán facultades para:
El trabajo concluirá con un informe final que podría derivar en sanciones administrativas o acciones judiciales. La IGJ impulsó la veeduría tras detectar lo que calificó como “graves irregularidades” en la entidad. Entre los principales puntos observados se encuentran:
El foco está puesto en los estados contables recientes, en un contexto donde la AFA incrementó significativamente sus ingresos tras el Mundial de Qatar, impulsados por derechos televisivos y contratos comerciales.
También se investigan operaciones con empresas privadas e intermediarios, así como el circuito de los fondos generados por el fútbol argentino.
Uno de los ejes del conflicto es la discusión sobre qué organismo debe fiscalizar a la AFA. Desde la entidad sostienen que trasladaron su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que implicaría quedar bajo control provincial. Sin embargo, la IGJ rechaza ese planteo y asegura que la sede sigue en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien aclaró que no busca “salvar ni perseguir a la AFA”, aunque la medida se da en un contexto de fuerte tensión institucional.
La veeduría es una instancia intermedia que no implica sanciones inmediatas, pero abre la puerta a posibles decisiones futuras.
Según el resultado del informe, el Gobierno podría aplicar sanciones administrativas; impugnar actos de la AFA y avanzar con una intervención más profunda. Por su parte, la AFA podría judicializar la medida, lo que trasladaría el conflicto a los tribunales.
Mientras tanto, los veedores iniciarán el análisis de la documentación para determinar si el crecimiento económico del fútbol argentino estuvo acompañado por mecanismos adecuados de transparencia y control.
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