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25 de septiembre de 2020 - 09:32
también suspenden desalojos

El congelamiento de alquileres y cuotas UVA será hasta enero de 2021

El decreto del Gobierno, que vencía la semana próxima, fue ampliado hasta el 31 de enero del próximo año. También suspende los desalojos por falta de pago.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart

El Gobierno nacional oficializó esta mañana la extensión del congelamiento de los precios de alquileres y las cuotas UVA, así como la suspensión de los desalojos por falta de pago, hasta el 31 de enero del 2021. La medida había sido tomada a comienzos de la pandemia y vencía el próximo 30 de septiembre, por lo que decidieron prorrogarla por cuatro meses más.

“Vamos a seguir acompañando a la gente que alquila, a las familias que no han podido recuperar el ingreso. Nuestra propuesta es la prórroga del congelamiento de alquileres y de los créditos UVA para vivienda única y hasta 120.000 UVA”, había anticipado Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, en declaraciones a radios de Buenos Aires.

El DNU 320/20, firmado a comienzos de la pandemia, había dispuesto el congelamiento de las cuotas de los contratos de alquileres, por los que se paga el mismo valor que en marzo. Además, preveía que la diferencia entre el monto congelado y el monto previsto en el contrato se pagara en cuotas (entre tres y seis) a partir de octubre.

Más sobre este tema: Extenderán el congelamiento de alquileres y créditos UVA

A través de los decretos 766/2020 y 767/2020 publicados hoy en el Boletín Oficial, se prorrogó hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Al mismo tiempo, estableció que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales.

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