El fiscal sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del exchofer de Baratta.

Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios en la causa por el pago de coimas de la obra pública a funcionarios del gobierno anterior. El juez consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla.

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Los fiscales habían solicitado que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas. "A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada", explicó.

Y sumo datos, como la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: "Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia".

El fiscal explicó el funcionamiento de una asociación ilícita: "Veamos, es jefe de una asociación ilícita quien detenta un dominio mayor del quehacer delictivo por ser el único con capacidad funcional para conducir, actuar o desactivar el accionar de la banda, de manera tal que los otros deben rendirle cuentas constantemente, pues es el jefe quien tiene la última decisión. Esos jefes, a su vez, pueden ser también organizadores o delegar en otros esa función, pero siempre, imparten directivas y ordena jerárquicamente la asociación –En el presente caso hablamos de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner-".

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Y agregó que "el organizador, necesariamente debe intervenir en su establecimiento, sea al fundarla o una vez constituida. En el primer caso serían aquellos que deciden conformar una 'sociedad' tendiente a cometer delitos, diagramando el esquema diario para cumplir con los propósitos delimitados por el acuerdo previo; son los que toman a su cargo la tarea de esquematizar la asociación, al menos en el rubro que les compete, de manera que suelen tener más conocimiento acerca de las actividades propias que desarrollan; son los que han actuado en su establecimiento, ordenamiento o constitución".

"Por ello quien organiza debe tener un reproche mayor al de los integrantes y menor que el del jefe. Mientras que un mero integrante puede agruparse luego de que la organización ya esté conformada por al menos tres personas, del organizador depende, que se den los recaudos necesarios para que efectivamente se constituya la asociación. Comprende a aquél que establece las bases constitutivas de la sociedad o a quien es el encargado de la programación de los planes delictivos que la banda tiene como finalidad cometer", añadió.

Por eso Moldes señaló que Clarens "integró la sociedad desde casi sus comienzos, por tanto tuvo una participación primordial tanto en su desarrollo constitutivo como hasta en los últimos hechos investigados y formó parte de la agrupación bajo el mando tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Elisabet Fernández, viuda de Kirchner".

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"Él era quien recibía los pagos provenientes del sector de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para girarlos a sus destinatarios finales, por él se canalizaban los pagos ilícitos. Su rol de organizador se percibe claro cuando vemos que de las declaraciones surge que el sistema de pagos no había sido entendido hasta que él diagramara el camino que debía cumplirse, Wagner, por ejemplo, señaló que el esquema era confuso y que fue a partir de su incorporación, por decisión de los funcionarios, que se hizo estable y ordenado", planteó el fiscal en el escrito.

Sobre el ex secretario de Obras Públicas, arrepentido y procesado, Moldes dijo que "López, según las declaraciones incorporadas al legajo, habría tenido un trato personal y constante con quienes fueron sus jefes, y más aún con quien había liderado la segunda etapa de la organización, Cristina Elisabet Fernández viuda de Kirchner".

El fiscal ante la Cámara Federal pidió también que Ferreyra del grupo Electroingeniría sea considerado organizador la asociación ilícita ya que el propio imputado "manifestó que después de que Néstor Kirchner le solicitara contribuciones él mismo diseñó un esquema personal que le permitiera cumplir la directiva; de tal forma que no sólo actuaba como intermediario sino que podía hacer valer sus influencias con el propósito de cumplir con los objetivos de la asociación ilícita".

Moldes, en consonancia con lo apelado por los fiscales, pidió que sean procesados Jorge Guillermo Neira (Electroingeniría), Javier Sánchez Caballero (IECSA); Rodolfo Armando Poblete (Grupo Romero), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Francisco Rubén Valenti (Pescarmona) y Osvaldo Atenor Acosta (Electroingeniería) porque, salvo en el caso de Acosta, fueron los que encargaron de los pagos por órdenes de los principales ejecutivos de sus empresas.

El escrito de Moldes pone énfasis en la rapidez con la que debería tramitarse la causa de los cuadernos porque hay personas detenidas y una que no lo está.

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