El Gobierno impulsa un proyecto para tipificar nuevos delitos y endurecer penas

Enfoque “pro-víctima” en la Justicia

Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de un criterio de interpretación “pro-víctima”. Esto implicaría que las decisiones judiciales deberán contemplar de manera prioritaria a quienes hayan sufrido delitos.

Además, se prevé que la participación de las víctimas en instancias clave del proceso penal pase a ser obligatoria, incluyendo su intervención en decisiones como la suspensión del juicio a prueba.

Nuevos delitos migratorios y penas más severas

La iniciativa también introduce cambios en materia migratoria, incorporando al Código Penal figuras vinculadas al ingreso y permanencia ilegal de extranjeros, así como el tráfico y fraude migratorio.

Las penas previstas van de uno a veinte años de prisión, con agravantes en casos que incluyan violencia, engaño o abuso de situaciones de vulnerabilidad. También se contemplan sanciones más duras para la reincidencia de personas deportadas y para quienes faciliten estas prácticas.

Delitos económicos y estafas piramidales

En el plano económico, el proyecto apunta a combatir las estafas piramidales mediante la incorporación de un artículo específico. Las penas oscilarían entre tres y doce años de prisión, con agravantes cuando las víctimas sufran pérdidas significativas.

Nuevas tipificaciones en delitos contra la propiedad

Entre las novedades, se incorpora por primera vez la figura de la llamada “viuda negra” como robo agravado, con penas de hasta doce años. También se tipifican las “salideras”, “entraderas” y el accionar de “motochorros”, con sanciones que incluyen prisión e inhabilitación para conducir.

Medidas en el ámbito penitenciario y seguridad vial

El proyecto contempla la creación de un delito específico para la tenencia de armas dentro de cárceles, con penas de dos a seis años, y agravantes si hay participación de funcionarios.

En cuanto a la seguridad vial, se propone endurecer las sanciones por picadas ilegales, elevando tanto las penas de prisión como los períodos de inhabilitación para conducir.

Protección animal y de menores

La iniciativa también incluye un capítulo dedicado al maltrato animal, incorporando estas conductas al Código Penal con penas de hasta tres años de prisión y agravantes en casos de muerte.

Por otro lado, se refuerza la protección de menores con un endurecimiento de las penas por delitos como grooming, abuso sexual infantil y producción o distribución de material de explotación sexual, con condenas que pueden alcanzar los quince años en situaciones agravadas.

Sanciones por incumplimientos familiares

Finalmente, el proyecto prevé penalizar el incumplimiento de deberes familiares, como la falta de pago de alimentos, con penas que van de seis meses a seis años de prisión, incluyendo agravantes en casos de reiteración o evasión de obligaciones judiciales.

Una reforma en etapas

Con este proyecto, el Gobierno busca avanzar de manera gradual en la actualización del sistema penal argentino, priorizando aquellas modificaciones consideradas urgentes mientras se continúa elaborando una reforma integral del Código Penal.