Este lunes 18 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.
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SUSCRIBITELa decisión del Gobierno Nacional fue publicada este lunes en el Boletín Oficial con el fin de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.
Este lunes 18 de diciembre, el Gobierno Nacional decretó la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas.
El Decreto 55/2023 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros.
En efecto, la emergencia declarada en el sector energético “hasta el 31 de diciembre de 2024″ abarca “a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
La medida instruye a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
"Con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”, indica el escrito en el Boletín Oficial.
A su vez, se dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1° de enero de 2024, y hasta la designación de los miembros del Directorio.
Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días.
“Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, planteó la Secretaría de Energía, que a su vez advirtió que “de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”.
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