El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, y prorrogar la intervención de los entes reguladores correspondientes.
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SUSCRIBITEEl Gobierno prorrogó la emergencia del Sector Energético hasta el 9 de julio de 2026, según el decreto 370/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia energética en los sectores de electricidad y gas, y prorrogar la intervención de los entes reguladores correspondientes.
La medida fue formalizada este lunes mediante el Decreto 370/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y de todos los ministros del gabinete. La vigencia se mantendrá hasta el 9 de julio de 2026.
Además, se extiendió la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta la misma fecha o hasta que se constituya el nuevo organismo, previsto en la Ley 27.742.
El texto prorroga la “emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N.º 55/2023 y prorrogada por el Decreto N.º 1023/2024”, en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, así como en el transporte y distribución de gas natural. El Ejecutivo justificó la decisión por “la necesidad urgente de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”.
El decreto también prorroga el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, lo que permitirá a la Secretaría de Energía continuar con la reestructuración de este régimen y la definición de mecanismos para su asignación.
El texto señala que “resulta necesario y urgente extender la declaración de emergencia por 1 año, es decir hasta el 9 de julio de 2026, con el fin de permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural”.
El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei y de los ministros Guillermo Francos (Interior), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Iván Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
El decreto incluye, además, una convocatoria a las provincias para que coordinen con la Secretaría de Energía “las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios eléctricos en sus jurisdicciones” y colaboren en la aplicación de las nuevas políticas de subsidios.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que recibió “una herencia institucional, económica y social gravísima” y que “continúa siendo imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.
La medida también apunta a proteger a los usuarios finales mediante estrategias que garanticen precios justos y adecuados a las condiciones económicas actuales.
Respecto del sistema energético, el texto advierte sobre “la vulnerabilidad y el estado crítico” en tres aspectos: la estructura de recaudación, el estado de las instalaciones para el suministro, y la falta de señales de mercado tanto para la oferta como para la demanda.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, declaró de carácter prioritario la ejecución de un conjunto de obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica, con especial foco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La decisión, formalizada mediante la resolución 715/2025 publicada en el Boletín Oficial, habilita la realización de estas obras bajo el régimen de concesión de obra pública a empresas privadas, en el marco de la ley 17.520 y sus modificaciones.
La medida afecta directamente a los usuarios del servicio público de transporte de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), quienes serán los beneficiarios de las obras, pero afrontarán una tarifa específica para financiar las ampliaciones.
El objetivo central es evitar restricciones y colapsos de tensión como los ocurridos en el AMBA en enero de 2022, febrero y marzo de 2023, y responder a la saturación y falta de capacidad remanente en las redes de alta y extra alta tensión, según los informes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA).
“La continuidad de la emergencia del sector energético que se declara por el presente, en coordinación con las disposiciones de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N.º 27.742, contribuirá a erradicar la opacidad de las tarifas finales y la confusión entre los montos facturados y los subsidios”, indica el decreto.
Por último, el Ejecutivo sostuvo que el nuevo esquema busca que “el usuario final pueda discernir según qué conceptos y por qué importes abona el servicio respectivo, en un todo de acuerdo a sus propios intereses económicos”, en línea con el artículo 42 de la Constitución Nacional.
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