El Gobierno nacional oficializó la extensión de la emergencia en el sector energético con el objetivo de mantener la continuidad de los servicios públicos esenciales. El Decreto 1023/2024 establece la prórroga de esta medida hasta el 9 de julio de 2025, destacando la importancia de implementar acciones que garanticen la sostenibilidad técnica y económica en un contexto marcado por la crisis estructural.
La Secretaría de Energía será responsable de ejecutar estrategias que permitan mantener ingresos en términos reales y cubrir las inversiones necesarias. Según el texto oficial, la prórroga busca unificar objetivos y tiempos para alcanzar resultados satisfactorios en el marco de la emergencia.
El decreto también encomendó la intervención del ENRE y ENARGAS, organismos encargados de regular el transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, respectivamente. Además, se prevé el inicio del proceso de selección de sus directivos.
Adecuaciones tarifarias y participación ciudadana
El decreto fija julio de 2025 como límite para implementar los nuevos cuadros tarifarios surgidos de los procesos de revisión iniciados en 2023. Estos procesos incluirán mecanismos de participación ciudadana, como audiencias públicas, para garantizar mayor transparencia.
El Gobierno anticipó la revisión del sistema de actualización tarifaria, que ahora contemplará la inflación futura en lugar de la pasada. Esta decisión busca mantener las tarifas en valores reales y con mayor estabilidad a lo largo del tiempo.
En cuanto a las inversiones, el decreto reconoce que las recomposiciones tarifarias transitorias no lograron materializar las obras necesarias debido a su magnitud y los largos plazos requeridos para ejecutarlas. Por ello, las adecuaciones tarifarias serán clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes.
El rol de las provincias en la emergencia energética
La norma invita a las provincias a coordinar acciones con la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos bajo sus jurisdicciones. Este trabajo conjunto busca asegurar que las comunidades más afectadas por la crisis puedan acceder a servicios de calidad.
La medida también apunta a proteger a los usuarios finales mediante estrategias que garanticen precios justos y adecuados a las condiciones económicas actuales.
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